Chile: Sebastián Piñera rechaza indulto para detenidos durante el estallido
Adelanta veto. Presidente chileno se niega rotundamente a la aprobación de esta propuesta presentada por parlamentarios de oposición. Consejo de Fiscales también se muestra en contra.
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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó un proyecto de ley impulsado por parlamentarios de la izquierda opositora para indultar a cientos de detenidos durante las protestas sociales que se iniciaron a partir del 18 de octubre del 2019.
“Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general antes mencionado y anticipa que en caso de que el proyecto avance, y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación”, afirmó Piñera en rueda de prensa.
El proyecto “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho”, agregó Piñera.
La iniciativa, presentada en el Congreso la semana pasada, tiene como objetivo otorgar un indulto general de manera excepcional a quienes fueron detenidos, acusados o encarcelados por haber cometido desórdenes públicos, robo o delitos a la propiedad privada, entre el 19 de octubre del 2019 y el 6 de diciembre de ese mismo año.
Fiscales en contra
El Consejo de Fiscales de Chile mostró el último martes su rechazo hacia el proyecto de ley presentado por parlamentarios de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos durante la ola de protestas iniciada en octubre del 2019, la más grave desde el retorno a la democracia.
“Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia de Chile no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delito”, afirmó el máximo órgano del Ministerio Público en un comunicado.
Los fiscales miembros del consejo negaron la existencia de presos políticos y afirmaron que la iniciativa legislativa, presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios opositores de izquierda y centro-izquierda, podría constituir una “gravísima señal para la convivencia social”.
“Las actuaciones de la Fiscalía se enmarcan en el mandato institucional que le otorgan la Constitución y las leyes, y sus fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad”, aseveró el escrito.
