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No todos en Estados Unidos aceptan la vacuna contra la COVID-19

El Gobierno ha anunciado que espera que la FDA autorice el uso de los productos de Pfizer-BioNTech y de Moderna para vacunar a unos 50 millones de habitantes.

Unas 1.724 personas hospitalizadas en tres hospitales de Nueva York (Estados Unidos) fueron evaluadas en uno de los estudios sobre el coronavirus. Foto: AFP
Unas 1.724 personas hospitalizadas en tres hospitales de Nueva York (Estados Unidos) fueron evaluadas en uno de los estudios sobre el coronavirus. Foto: AFP

Por Antonio Camborda

El vicepresidente Mike Pence, en su condición de responsable del equipo especial de lucha contra el coronavirus, anunció que, a partir del 15 de este mes, se iniciará la distribución de la vacuna contra la COVID-19 para emprender una lucha fuerte contra la epidemia que ha contagiado a más de 13 millones de habitantes y ha dejado más de 300.000 muertos.

Las respuestas al anuncio no se hicieron esperar y las firmas encuestadoras, como Axios-Ipsos, hicieron revelaciones importantes, como, por ejemplo, que una mitad de la población está dispuesta a recibir la vacuna, a diferencia de resultados previos donde la población era mucho más reacia.

Anteriormente, en encuestas realizadas en la tercera semana de setiembre y en la segunda semana de noviembre, el panorama era diferente: casi el 40 por ciento de la población decía que se vacunaría, un 35 por ciento decía que no, y casi la cuarta parte de la población expresaba su rechazo a cualquier vacuna.

El análisis de los resultados de las encuestas permite apreciar que el discurso del presidente Donald Trump y de sus aliados extremistas ha calado hondo, pues ese 25 por ciento niega la existencia del virus y sus efectos mortales, y asegura que hay un complot para establecer un nuevo orden mundial.

“Las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud llevan en su interior microchips que anularán la voluntad de las personas”, es una de las afirmaciones de este sector, que rechaza el uso de mascarillas, del distanciamiento social y la prohibición de reuniones masivas.

El 35 por ciento que decía que no se vacunaría argumentaba que tenían temor a los efectos secundarios, como, por ejemplo, que las vacunas pueden afectar la producción de espermatozoides en la población masculina, los ovarios en las mujeres y la función cerebral de los niños.

Pero, la tercera ola de la epidemia que es mucho más agresiva que la segunda, y es consecuencia de las movilizaciones masivas en la campaña electoral, parece que ha hecho reflexionar a muchos, pues se han alarmado por la cantidad de contagios diarios y la cifra de muertos que se acrecienta.

Un día anterior a la presentación del vicepresidente Pence, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, lo hizo, quien anunció que se ha programado una reunión de expertos de Salud Pública con especialistas de Pfizer y BioNTech para acordar el uso de la vacuna producida por estos laboratorios.

Azar manifestó que ni bien se logre la autorización de la FDA, la agencia que controla la calidad de alimentos y de fármacos en Estados Unidos, para el uso de la vacuna, esta se distribuirá a las 64 jurisdicciones del Departamento de Salud.

“Será muy rápida la distribución y se iniciará 24 horas después de que se apruebe su uso”, comentó. Y explicó, además, que ya se ha suscrito un convenio con una firma privada, CVS Health para aplicar las vacunas a las personas de la tercera edad.

Por su parte, el vicepresidente Pence dijo que él estaba seguro que las vacunas podían empezar a distribuirse en la segunda quincena de diciembre y que los gobernadores de cada uno de los 50 estados del país deberían asumir su responsabilidad.

Pence ha adelantado que los primeros en recibir la vacuna serán médicos, enfermeros y personal auxiliar de salud. Luego, serían las personas mayores que viven en las residencias de personas mayores, que son los más vulnerables, y el personal que los atiende.

También se vacunará a las personas mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad preexistente, como hipertensión, diabetes o que sufran de obesidad.

Se calcula que los laboratorios suministrarán hasta 50 millones de dosis.

Otro dato importante es que cada persona tendrá que ponerse dos dosis, con una variación de dos a tres semanas entre la primera y la segunda.

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