Asamblea Legislativa de Bolivia recomienda juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez
El organismo también sugirió procesos penales contra 11 ministros y exministros de la presidenta interina por “vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó este jueves 29 de octubre el informe final de la comisión especial que investigó los masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, registradas en octubre de 2019, en el que se recomienda un juicio de responsabilidades contra la mandataria de facto Jeanine Áñez y un juicio ordinario contra sus ministros, informó la web oficial del organismo boliviano.
El documento sugiere dicho proceso contra Áñez “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas”, señala la ALP.
Además, recomienda procesos penales contra 11 ministros y exministros de la presidenta interina por “vulneración de derechos y garantías constitucionales”, que, según el texto, provocó “la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019”.
En este sentido, el diputado Víctor Borda destacó que la Comisión que indagó los casos y que él mismo dirige “no puede adoptar el rol del Ministerio Público”, limitándose a “sugerir”.
“Y lo que está sugiriendo es que se haga un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, contra el Ministro de Gobierno, y de las Fuerzas Armadas y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacre. Eso es lo que ha sido aprobado por la Asamblea”, expresó Borda, según cita el medio Los Tiempos.
Por su parte, la Cancillería de facto de Bolivia envió este jueves una carta a la ONU para denunciar supuestas “acciones ilegales y arbitrarias” por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) en la ALP, que, de acuerdo al Ejecutivo impuesto tras el golpe de Estado contra Evo Morales, ponen en riesgo la “institucionalidad democrática” antes de la investidura de Luis Arce.
La ministra de Relaciones Exteriores de facto, Karen Longaric, también pidió a las Naciones Unidas el envío de observadores internacionales para que supervisen el proceso de transición, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre.
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