No matarás
Decenas de muertos y miles de heridos en las protestas en Chile, Bolivia y Ecuador.
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Las protestas que agitan las últimas semanas la región andina, específicamente Chile, Bolivia y Ecuador, son las más cruentas de las últimas décadas, con un saldo provisional de decenas de muertos y miles de heridos. La brutalidad de la represión es el signo característico del malestar social que ha sacado a la calle a centenares de miles de ciudadanos.
En Chile se cuentan por lo menos 22 muertos y 2.209 heridos, según el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La brutalidad policial tiene otro saldo: 230 manifestantes que han perdido la vista por disparos de balines o perdigones, según los datos oficiales del Colegio Médico de Chile (Colmed).
En Bolivia, según el Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, se tiene un saldo de 17 muertos desde que se iniciaron las manifestaciones contra el fraude electoral del 20 de octubre y luego contra el Gobierno ultraderechista de Jeanine Áñez. Hace unas horas se produjo una auténtica masacre de nueve personas en la ciudad de Sacaba, cuando miles de cocaleros intentaban ingresar a la cercada ciudad de Cochabamba. Luego del asalto de las fuerzas combinadas de la Policía y las FFAA, se reportan más de cien heridos.
En Ecuador, durante las jornadas de protesta entre el 3 y 13 de octubre pasados, se registraron siete muertos y 1.340 heridos, de acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
En el análisis de los hechos ya no puede obviarse la afectación de la vida. Una crisis cruenta, con actores que impulsan la violencia, obliga a la denuncia internacional y a la sanción de los culpables, tarde o temprano. Ese es el sentido de la intervención del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y otros organismos defensores de los DDHH, como antes en Venezuela y Nicaragua.
Es cierto que, a diferencia de otros procesos críticos, las manifestaciones en estos países incluyen actuaciones extremadamente violentas, como los incendios y los saqueos. Por esa razón, la respuesta de la fuerza pública no puede exacerbar la violencia, sino reducirla mediante una estrategia de aislar a los violentos en lugar de apagar el fuego con combustible.
La comunidad internacional no puede ignorar este hecho, que se desborda inclusive a formas de agresión sexual de los detenidos. La situación no se reduce exclusivamente a la pugna por las salidas políticas a los problemas del poder y de las instituciones. Es preciso hacer un llamado a defender la vida y al cese del uso exagerado de la fuerza por el Estado, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales.
