Ecocidio en Bolivia

Rocío Silva Santisteban
21 05 2019 | 00:35h

“La Constitución de Bolivia, promulgada por el mismo Evo Morales, reconoce los derechos de la Pachamama, la misma permitirá visibilizar el tema”.

En 1848 el naturalista francés Alcides D’Orbigny consideró al Tipnis, zona noroccidental de Bolivia, como la selva más hermosa del mundo. Puede haber discrepancias al respecto, pero el Tipnis es una de las zonas más biodiversas del mundo, tiene 3 mil especies de plantas y una fauna heterogénea: delfines de río, jaguares, patos salvajes, sajinos, ciervos y un sinnúmero de insectos. Desde que D’Orbigny la exploró hasta nuestros días esa zona maravillosa boliviana ha sufrido deforestación de los colonos, a pesar de estar reconocida desde 1965 como parque nacional, y desde 1990, como territorio multiétnico de pueblos indígenas (yucares, tchimanes y moxeños, entre otros).

Evo Morales, cuando era ecologista y aún creía en proteger a la Pachamama, les entregó a los pueblos indígenas sus títulos debidamente saneados sobre esa inmensa zona. Pero en 2008 apareció OAS y Morales, como tantos otros, aceptó que la empresa brasileña —ahora investigada por corrupción— iniciara la construcción de una carretera sin estudio de impacto ambiental. Un ecocidio en pleno sentido del término.

¿Qué es un ecocidio? La destrucción de un ecosistema y su naturaleza, constituye un delito contra la humanidad reconocido en varios sistemas jurídicos. Por eso, la semana pasada Tom Goldtooth, presidente del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que sesionó en Bonn en 2017 y que pudo hacer una visita in loco en agosto del 2018 a la zona del Tipnis, decretó que Bolivia violó los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Parque Nacional de Bolivia, Isiboro Secure —conocido como “el Tipnis”— con la ampliación de la deforestación, la construcción de la carretera y la concesión de lotes de hidrocarburos. El tribunal propuso como medidas de reparación la paralización inmediata de las obras de carreteras de penetración, el control de la deforestación realizada por los colonos y, sobre todo, la anulación de los planes de expansión petrolera en la zona.

El Tribunal solo tiene un mandato ético y no es vinculante. Pero en tanto que una de las referencias jurídicas de la sentencia es la propia Constitución de Bolivia —promulgada por el mismo Evo Morales— que reconoce los derechos de la Pachamama, la misma permitirá visibilizar el tema y presentarlo como caso ante la CIDH. 

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