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México: responsable de violación y tortura sexual de once mujeres

La Republica
Daniela Mercado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó hoy que el Estado de México ha tenido responsabilidad en la violación sexual y tortura de once mujeres protestantes en el 2006.

El Estado de México es responsable de los delitos de violencia sexual, violación y tortura de once mujeres que fueron detenidas por participar en manifestaciones en 2006, informó este viernes el tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Los crímenes ocurrieron durante operativos de diferentes cuerpos policiales en los municipios de San Salvador de Atenco y Texcoco, en el estado central de México, para reprimir manifestaciones ocurridas los días 3 y 4 de mayo de 2006.

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"En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social 'Santiaguito' fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas", señaló la resolución judicial.

Se describe que las mujeres también fueron maltratadas por los médicos quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual.

Ante los hechos se iniciaron varios procesos penales para investigar las denuncias interpuestas por las víctimas, pero solo uno fue resuelto en el que se absuelve a los denunciados. La Corte, última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos, indica que las investigaciones realizadas no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas, y que no se investigaron todos los actos de tortura pese a la existencia de indicios.

Durante el proceso con la Corte IDH, el estado mexicano reconoció su responsabilidad por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura contra las once mujeres y la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada.

 

Detención innecesaria

El Tribunal, con sede en San José de Costa Rica, considera que las víctimas del caso estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por lo que concluyen que "el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable".

Determinó también que el accionar de los cuerpos policiales se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones.

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Medidas de reparación

La Corte ordenó a México iniciar o continuar las investigaciones de los hechos con perspectiva de género para juzgar y sancionar a los responsables, brindar asistencia gratuita e inmediata a las víctimas y establecer un mecanismo de monitoreo del uso de fuerza de los miembros de las instituciones. Además, se ordenó el pago por daños materiales e inmateriales.

Las mujeres víctimas participaban de una manifestación del Movimiento de Campesinos en Defensa de la Tierra, en contra de la construcción de un aeropuerto internacional. En el 2014, las mujeres fundaron la campaña "Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual".