Colombia: FARC está obligada a decir verdad sobre el narcotráfico

La Republica
Carlos Paucar

Alto funcionario de Colombia señala que las FARC deben decir "toda la verdad de lo que pasó en estos 53 años de conflicto" ante la Jurisdicción Especial para la Paz o afrontar las consecuencias judiciales.

El Gobierno de Colombia aseguró que la extinta guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, está obligada a decir la verdad sobre su participación en el conflicto armado colombiano, incluido lo relacionado con el narcotráfico.

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Así lo manifestó el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, durante un debate en el Congreso de Colombia sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2016.

"Este proceso de paz va a ser exitoso no solamente si nosotros cumplimos nuestra obligación como Estado (...) también va a ser exitoso si las FARC cumplen con todas sus obligaciones y no se limitan simplemente a entregar armas, a entregar todo el material de guerra, incluye también el narcotráfico", aseveró.

El funcionario señaló que los integrantes de la organización deben decir "toda la verdad de lo que pasó en estos 53 años de conflicto" ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o afrontar las consecuencias judiciales.

Ante esto recordó que, según el acuerdo, si un exguerrillero dice la "verdad tardíamente" deberá pagar entre 5 y 8 años de cárcel, mientras que si no confiesa el castigo puede subir a 20 años de prisión.

El narcotráfico ha sido un tema álgido en las últimas semanas para el acuerdo después de la captura el pasado 9 de abril de Jesús Santrich, uno de los líderes de la FARC, con fines de extradición a Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país tras la firma del acuerdo.

Ante esto, Iván Márquez, número dos de esa organización, dijo que no va a asumir el próximo 20 de julio su escaño en el Senado colombiano, que es uno de los cinco que según el acuerdo y las normas aprobadas le corresponden a la FARC, alegando falta de garantías jurídicas. EFE