España prohíbe esterilizaciones forzosas en mujeres con discapacidad

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18 Dic 2020 | 3:07 h
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que las demás. Foto: Jesús Diges/EFE
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que las demás. Foto: Jesús Diges/EFE

Las esterilizaciones sin consentimiento en esta población eran una práctica contraria a lo estipulado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008.

Este viernes 18 de diciembre entró en vigencia en España la modificación del Código Penal para la eliminación de las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente. Con la oficialización de la norma, se dejará de vulnerar los derechos reproductivos de estas mujeres.

Tan solo en la última década, en el país se realizó cerca de un millar de esterilizaciones a mujeres con discapacidad; sin embargo, estos registros no son exactos. Los últimos datos oficiales disponibles son del 2005 al 2013, periodo en el que se llevaron a cabo 865 intervenciones no consentidas contra esta población femenina.

Este cambio legal fue respaldado por el pleno del Congreso el pasado mes de octubre. Hasta antes de la oficialización de la nueva norma, el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal español permitía esta vulneración de derechos contra estas mujeres.

“No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”, modifica el nuevo texto legal.

Marta Valencia Betrán, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, explicó a Efeminista que muchas de las féminas esterilizadas no saben sobre las prácticas que les han realizado en su propio cuerpo o que muchas están en algún proceso médico que altera su ciclo reproductivo sin conocerlo.

“Normalmente es la familia quien pide las esterilizaciones, que en principio no lo hacen con mala voluntad, sino por supuesta prevención o sobreprotección. Pero lo que se supone que es un menor problema para la familia, es un abuso de las mujeres con discapacidad”, enfatizó Valencia a la agencia de noticias.

Ante ello, Valencia agregó que esta práctica también tiene un gran respaldo por parte de la sociedad; por ello, reiteró que es importante visibilizar y reconocer este tipo de violencia reproductiva o contra la libertad sexual. “Llamar a las violencias por su nombre es imprescindible para poder ponerles solución”, puntualizó la presidenta de CERMI Mujeres.

A pesar de la oficialización de la nueva norma, otro gran cambio que se necesita para finalizar las esterilizaciones no consentidas es reformar el Código Civil. Marta Valencia comenta que es necesario cambiar la actual incapacitación judicial, que es una sustitución de la voluntad de la persona, por “un apoyo a esa diferente capacidad”.

Organizaciones civiles han celebrado este primer paso, aunque esperan que también se apruebe la reforma en el Código Civil para dejar de vulnerar los derechos de mujeres con discapacidad.