Presentan demanda para despenalizar el aborto por violación en Ecuador
Cada día, siete niñas dan a luz producto de una violación sexual. Por ello, colectivos feministas presentaron una acción ante la Corte Constitucional de Ecuador para que las menores puedan interrumpir el embarazo.
Organizaciones feministas y por los derechos humanos presentaron este martes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad con respecto a un artículo del Código Penal, con el objetivo de que se amplíe la despenalización del aborto en casos de violación sexual.
La directora del colectivo Surkuna, Ana Vera, indicó que la acción de inconstitucionalidad contempla dos medidas cautelares: la suspensión de todos los procesos penales contra mujeres por aborto y la prestación de servicios de salud para que violación para que mujeres, niñas y adolescentes que queden embarazadas, producto de una violación, puedan interrumpir su embarazo.
La demanda fue presentada con el apoyo de organizaciones feministas y ONG, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres de El Oro. Sus integrantes portaban banderines color verde bajo la consigna “Decidir es mi derecho. Despenalización del aborto ¡ya!. Ecuador”, así como también arengaban “Aborto legal en el código penal”, “Si Lenín (Moreno) fuera mujer, el aborto sería ley”, o “Las niñas son niñas, las niñas no son madres”.
La querella se enfoca principalmente en el inciso segundo del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se permite el aborto solo en casos de violación a una mujer con discapacidad mental. Los colectivos feministas consideran que esta medida es discriminatoria porque no toma en cuenta al resto de víctimas de violencia sexual.
“En Ecuador es muy grave el tema de la violencia basado en género, aproximadamente un 25% de las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual, la mayoría en la infancia y en la adolescencia”, manifestó Vera.
Situación del aborto en Ecuador
Actualmente, el aborto en Ecuador solo es legal cuando la vida de la gestante está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
El año pasado, el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causales de la interrupción del embarazo en un proyecto de reformas.
