España prohíbe la brecha salarial entre hombres y mujeres y multará a empresas que no la cumplan

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14 Oct 2020 | 19:17 h
Las empresas que no cumplan con el nuevo decreto se enfrentarán a un indicio de discriminación por género y se podrán llevar a cabo "acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas". Foto: AFP
Las empresas que no cumplan con el nuevo decreto se enfrentarán a un indicio de discriminación por género y se podrán llevar a cabo "acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas". Foto: AFP

La brecha salarial en España es de casi el 22%. Por ello, el Ejecutivo anunció que las empresas que no cumplan con las normas decretadas serán multadas hasta con 187.000 euros.

Recientemente, el Consejo de Ministros de España aprobó dos decretos contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En ese sentido, el Ejecutivo dio un plazo de seis meses para que las empresas que cuentan con más de 50 empleados implanten un registro salarial para asegurar la transparencia de los sueldos.

“A partir de hoy, se acabó que un hombre o una mujer puedan recibir retribuciones diferentes”, recalcó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El nuevo plan, presentado por Díaz y la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, es, según el Ejecutivo, un “hito histórico” con el que el país europeo da “un paso gigante” con miras a la igualdad de género.

“Se acabó que, en las empresas, las mujeres no podamos ejercer los derechos de ciudadanía”, sentenció Díaz, quien además explicó que la brecha salarial en España es del 21,4%.

Sobre los reglamentos contra la desigualdad salarial

El primer reglamento busca regular la transparencia salarial y asegurar el derecho a la información retributiva, de forma que obliga a las compañías a garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo sueldo en un determinado área, según los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La segunda norma, por su parte, está vinculada a los planes de igualdad por parte de las empresas. De este modo, en un plazo de seis meses, tendrán que adaptar su registro salarial y hacer una auditoría retributiva. De no hacerlo, el personal podrá denunciar dichas prácticas, que son multadas hasta con 187.000 euros.

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Las medidas entrarán en vigor a los seis meses de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado; es decir, a mediados de abril del 2021.

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