Derecho a decidir: hace cuatro años no se incluye la legalización del aborto en la agenda política del Perú

18 Ago 2020 | 12:09 h
El último proyecto de ley fue presentado en el 2016. Aún no ha sido debatido en el pleno del Congreso. (Foto: Grupo La República/Juan Pablo Azabache)
El último proyecto de ley fue presentado en el 2016. Aún no ha sido debatido en el pleno del Congreso. (Foto: Grupo La República/Juan Pablo Azabache)

Un caso de violación sexual a una niña en Brasil reabrió el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La última propuesta legislativa presentada en nuestro país para legalizar el aborto en casos de violación data del 2016.

Recientemente, la Justicia de Brasil aprobó que una menor de edad sobreviviente a violaciones sexuales por parte de un familiar pueda acceder a un aborto seguro. Este caso reabrió el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violaciones, lo cual no sucede en el Perú desde el 2014 con la campaña Déjala Decidir.

Día a día, diferentes activistas feministas levantan la voz por el derecho a decidir de las mujeres y niñas peruanas. Sin embargo, hace seis años que no se pone en agenda política el derecho al aborto, el último proyecto de ley fue presentado por Indira Huilca y Marissa Glave, excongresistas del Frente Amplio.

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Déjala Decidir y la despenalización del aborto

Lisbeth Guillén, vocera de la ONG Manuela Ramos, declaró a La República que Déjala Decidir fue una campaña que nació en setiembre del 2012, resultado de la articulación de diferentes organizaciones feministas. Durante un año, estas recolectaron 64.000 firmas de la ciudadanía, las cuales respaldaron la presentación del proyecto de Ley N° 3839-2014-IC en el Congreso de la República.

Este documento fue presentado en el 2014 y buscaba despenalizar el aborto en casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformaciones incompatibles con la vida.

Pese a que los abortos inseguros causan la muerte de unas 47.000 mujeres cada año, además de que otras cinco millones sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente, el proyecto no llegó al pleno, siendo archivado en la Comisión de Constitución.

Los congresistas que votaron en contra fueron Javier Velásquez Quesquén, Martha Chávez Cossío, Julio Gagó Pérez, Aldo Bardález Cochagne, Luz Salgado Rubianes y Javier Bedoya de Vivanco.

Una encuesta de Datum realizada a nivel nacional reveló que el 64,1 % de personas está a favor de despenalizar el aborto por violación sexual. Foto: Déjala decidir

La especialista recalcó que, pese a que este proyecto fue archivado en el 2015, tuvo un gran impacto a nivel social. “Gracias a la campaña, diferentes líderes, lideresas y la sociedad civil empezaron a hablar sobre el tema y se generó una corriente de opinión ciudadana a favor de la despenalización del aborto cuando el embarazo es consecuencia de violación sexual”, comentó.

En efecto, al 2018, una encuesta de Datum realizada a nivel nacional reveló que el 64,1% de personas está a favor de despenalizar el aborto por violación sexual. Mientras tanto, la encuesta ‘Miradas Globales sobre el Aborto’, realizada por Ipsos Global, reveló que en Perú un 48 % de los participantes está de acuerdo con que las mujeres realicen un aborto.

Fue también en el 2014 cuando se aprobó la guía técnica de aborto terapéutico —legal desde 1924— de aplicación a nivel nacional en los establecimientos de salud a partir del segundo nivel de atención: es decir, con atención quirúrgica. Sin embargo, este no es ejecutado por los centros de salud. Un reciente caso es el de una niña de Ayacucho a la cual se le negó la interrupción voluntaria del embarazo, según el portal periodístico Wayka.

Cabe resaltar que la criminalización del aborto impacta de forma particular en las niñas, ya que los problemas derivados del embarazo y del parto son algunas de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo, siendo las menores de 15 años quienes corren cinco veces más riesgo, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Desde 1863, la condición del aborto en el Perú no ha cambiado de forma sustancial pese a las transformaciones sociales, según Jennie Dador, abogada especialista en Género. (Foto: EFE)

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Nuevo Proyecto de Ley olvidado

Pese al archivamiento, en el 2016 se presentó el proyecto de Ley N° 387/2016-CR, que fue impulsado principalmente por Indira Huilca, Marisa Glave y Alberto de Belaúnde. La iniciativa legislativa proponía modificar el artículo 119 del Código Penal para que la mujer pueda interrumpir su embarazo en casos de violación, inseminación artificial, transferencia de óvulos no consentida y malformaciones del feto.

No obstante, este proyecto no se llegó a debatir en ningún pleno del Congreso y, hasta la fecha, ninguna bancada  ha retomado el pedido “Se necesita que las y los congresistas aprueben un dictamen que pueda pasar al pleno para regular la despenalización del aborto en casos de violación”, comunicó Guillén. Sin embargo, añadió que lo ideal sería la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Jennie Dador, abogada experta en género y derechos humanos, indicó en una entrevista pasada a este diario que desde 1863 hasta la actualidad la legislación entorno al aborto en el Perú no ha tenido un cambio sustancial. ¿Cuánto tiempo más deben esperar las mujeres y niñas peruanas para ejercer un derecho avalado por la Organización de las Naciones Unidas?

La criminalización del aborto en el Perú infringe sentencias internacionales

Diferentes organizaciones feministas, como Promsex, y activistas ya declararon previamente que el aborto “es un problema de salud pública y de derechos humanos”, pues llevar a cabo un embarazo no deseado “impacta no sólo en la salud física y mental, sino también en el proyecto de vida” de las mujeres y niñas.

El Estado peruano ya ha sido sentenciado previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2013, la cual falló a favor de K.L —adolescente a la que se le negó el aborto terapéutico pese a estar embarazada de un feto anencefálico— y dictaminó que el Perú violó y vulneró los derechos de esta mujer al negarle el acceso al aborto.