¿Por qué se dice que la criminalización del aborto afecta más a las mujeres de escasos recursos?

Gloria Purizaca

ahorasoymedusa

13 Ago 2020 | 1:08 h
Debido al limitado acceso a la información, a la poca difusión por parte del Estado peruano sobre derechos sexuales y reproductivos, y a la criminalización, las mujeres de bajos recursos que desean interrumpir su embarazo, no tienen otra opción que acceder a abortos inseguros o convertirse en madres de forma obligatoria. (Foto: La República)
Debido al limitado acceso a la información, a la poca difusión por parte del Estado peruano sobre derechos sexuales y reproductivos, y a la criminalización, las mujeres de bajos recursos que desean interrumpir su embarazo, no tienen otra opción que acceder a abortos inseguros o convertirse en madres de forma obligatoria. (Foto: La República)

La ilegalidad del aborto en el Perú no ha llevado a que esta práctica desaparezca. Por el contrario, las mujeres, sobre todo las más precarizadas, quedan expuestas a los peligros de hacerlo clandestinamente por no contar con la información para interrumpir el embarazo de forma segura.

La ilegalidad del aborto no impide que las mujeres en el Perú procedan con la interrupción voluntaria del embarazo. Están aquellas mujeres que tienen acceso a la información y pueden solventar un procedimiento seguro —ya sea una intervención quirúrgica o mediante el uso de pastillas—, pero también existen las mujeres que son empujadas a realizarse un aborto en condiciones que, muchas veces, les quitan la vida o las obligan a continuar con un embarazo no deseado.

PUEDES VER La criminalización del aborto continúa quitándole la vida a las mujeres

Limitado acceso a la información sobre el aborto

Pese a que un aborto seguro es considerado un “derecho fundamental de la mujer a la igualdad, privacidad y salud física y mental”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta información aún es desconocida.

Marbet Segovia, activista feminista e integrante del centro juvenil de Innpares, relató a La República que “el nivel socioeconómico expone a las mujeres” a un aborto inseguro. “Si yo tengo el dinero y la información para no exponer mi salud física y mental, o tengo un grupo de apoyo, es distinto”.

Esto sucede debido a que, en el contexto latinoamericano, la pobreza y la desigualdad social generan una brecha en el acceso a la información, a la que usualmente se llega a través del mundo digital. En el caso del Perú, solo el 45 % de mujeres acceden a Internet, de acuerdo al primer análisis sobre brecha digital de género en Perú de la ONG Hiperderecho.

A primera vista, puede parecer que es un índice alto. Sin embargo, de acuerdo al mismo estudio, el 54,8 % de mujeres de ese porcentaje pertenece al ámbito urbano, mientras que aquellas que viven en zonas rurales solo son el 12,5 %. En la misma línea, solo el 13,7 % de mujeres que hablan una lengua nativa —diferente al español— tienen acceso al mundo virtual.

El estudio pone en evidencia que existe una disparidad en el acceso a tecnología según el lugar donde las mujeres viven y la lengua que hablan. (Foto: Difusión)

A ello se suma que la información proporcionada sobre derechos sexuales y reproductivos por el Estado tiene un lenguaje dirigido a especialistas y es casi nulo, según dicho estudio. “El Estado no está haciendo su trabajo, la poca información sobre salud reproductiva no es de fácil acceso ni pública”, señaló Fátima Valdivia, antropóloga feminista, en el análisis. Quienes difunden estos derechos son diferentes ONG y colectivos de activistas feministas.

Estos colectivos brindan información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual recomienda el uso de determinadas pastillas como método seguro para la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo a Marbet Segovia, el precio promedio de este medicamento oscila entre los 12 y 15 soles. La OMS señala que se necesitan 12 de estas para abortar. Es decir, se requieren alrededor de 144 o 180 soles aproximadamente para llevar a cabo un procedimiento seguro.

PUEDES VER Aborto en Perú: un repaso por la historia del derecho a decidir en el país

Ilegalidad genera que las mujeres precarizadas recurran a abortos inseguros

Debido al limitado acceso a Internet, a la poca difusión por parte del Estado peruano sobre derechos sexuales y reproductivos, y a la criminalización e ilegalidad del aborto, las mujeres de bajos recursos que desean interrumpir un embarazo optan por llamar a los carteles con el mensaje de “atraso menstrual”, que no son más que la fachada para ofrecer abortos clandestinos, inseguros e insalubres.

Como señaló la obstetra y activista feminista de la plataforma de educación sexual integral ESI para vivir, Pamela Ortega, en una entrevista pasada a este diario, las personas que realizan estos procedimientos inseguros no tienen una formación médica.

La especialista detalló que se realizan intervenciones quirúrgicas en estos abortos clandestinos que, al no ser aplicadas por profesionales de la salud con los elementos de bioseguridad adecuados que cuenten los los conocimientos necesarios, pueden causar hemorragias e infecciones en las mujeres.

El costo de estos procedimientos inseguros son elevados, pues rondan entre los 500 y 600 soles, según señaló Marbet Segovia, activista feminista. (Foto: Difusión)

“Incluso hay casos de mujeres que llegan a estos lugares, las dopan por completo, les realizan estos procedimientos y cuando se levantan se sienten muy adoloridas y muchas de ellas han identificado que han sido víctimas de violaciones”, indicó.

Asimismo, Ortega declaró que las mujeres de diferentes regiones del Perú abortan con hierbas, pero este método no siempre funciona. “Entonces, llegan al hospital con un aborto incompleto y ahí llaman a la policía, o no se las quiere atender, las tratan mal y las violentan psicológicamente”.

“El Estado no toma en cuenta que también se invierte en consumo de recursos en el sector salud cuando se trata de abortos incompletos”, relató la activista feminista Marbet Segovia. Por ello, recalcó la importancia de legalizar el aborto y reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva.