La necesidad del enfoque de género en las políticas públicas para proteger a las mujeres en pandemia

La pandemia no solamente ha visibilizado las grandes falencias del Estado respecto a políticas públicas en salud, educación o trabajo. También ha generado que la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad se acentúe. Esto se vio reflejado en los primeros informes que se realizaron sobre violencia contra la mujer y situaciones que ponen en peligro la vida e integridad de las mismas.

Pero la afectación a la mujer no solo implica la violencia sexual o física, sino también la sobrecarga de labores en el hogar que se dio a causa del confinamiento, así como la restricción del acceso a una adecuada atención en salud sexual y reproductiva.

Implementar políticas públicas con enfoque de género durante la pandemia resulta clave para salvaguardar la integridad de las mujeres y garantizar su bienestar, y si bien se han establecido algunas normas desde el Estado, todavía resultan insuficientes.

La sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado

La Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre las normas que se habían establecido desde el Gobierno en el contexto de la COVID-19 y la importancia de que se apliquen con enfoque de género. En este sentido, el trabajo doméstico no remunerado es uno de los mayores problemas ya que el exceso de actividad laboral puede ocasionar el desgaste físico y emocional de la mujer.

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDNR) es toda aquella acción que realiza una persona para gestionar su hogar, como la limpieza del inmueble, cocinar, el cuidado de personas con discapacidad, entre otras.

La representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Diana Miloslavich Tupac, señaló que a las actividades ya establecidas se ha sumado la responsabilidad de la educación a los menores, lo cual genera una carga adicional. “Con el programa de Aprende en Casa, las mujeres son las que están acompañando más a sus hijos e hijas en los temas educativos. Necesitamos un sistema nacional de cuidados como política”, sostiene.

Un informe del INEI en el 2019 sobre Brechas de Género señaló que las mujeres invierten en el TDNR 39:28 horas semanales, mientras que los hombres 15:54. Esta carga laboral para muchas durante la cuarentena se ha incrementado, sin contar las horas que invierten en su trabajo remunerado, ya sea de manera remota o presencial.

Esto se debe a que todavía no existe una campaña contundente desde las instituciones del Estado para generar igualdad en la delegación de las actividades de TDNR, y que los roles de género todavía influyen, recargando al personaje femenino con estas funciones.

El documento de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer precisa: “Hemos notado que no se ha emitido ninguna norma específica que atienda esta problemática. Por el contrario, se han adoptado normas ‘neutrales’ que han reforzado esta carga”.

Miloslavich Tupac, opinó que mientras no haya una data actualizada sobre la sobrecarga de TDNR en las mujeres, no se podrá trabajar de manera eficaz para igualar el trabajo. “El Ministerio de la Mujer tiene que destinar un presupuesto para poder obtener data precisa de la realidad sobre trabajo no remunerado”, añadió.

Por su parte Valeria Cárdenas, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, resaltó la importancia de la salud mental de las madres o mujeres como consecuencia de hacerse cargo de todas estas actividades, pues no solo se trata de TDNR: “Los menores podrían sentirse frustrados por la situación y en su mayoría quien brinda contención son las mujeres”.

Violencia contra las mujeres en el contexto de pandemia

Cuando el Gobierno del presidente Martín Vizcarra decretó la cuarentena obligatoria para todo el país a fin de evitar los contagios de coronavirus, no se tomó en cuenta el peligro que representaría para cientos de mujeres que conviven con sus agresores. Aunque el Estado habilitó líneas de ayuda para que se pudieran reportar los casos de violencia contra la mujer, esto ha reflejado cifras alarmantes en el primer semestre del año.

En el transcurso del aislamiento domiciliario obligatorio fueron reportadas como desaparecidas 915 mujeres en el Perú, pese a que se restringió casi de forma total el tránsito ciudadano, además de haberse establecido el toque de queda durante la noche. Asimismo, el Ministerio de la Mujer publicó un informe que reveló que hubo 66 feminicidios, según el reporte estadístico del Programa Nacional Aurora.

En cuanto a esto, la representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán manifestó que se necesita enfatizar el seguimiento a los casos de mujeres desaparecidas, al igual que aquellas que denuncian violencia.

“El presidente mencionó que han habido 75 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio y no hay forma que sepamos qué pasó con esas mujeres. Hay que reforzar el trabajo de seguimiento de casos y para ello se necesita inversión en el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio del Interior”, comentó.

Cientos de niñas fueron abusadas sexualmente durante la cuarentena, lo cual ponía en evidencia que el agresor vivía con ellas. Ante estos preocupantes datos, el Estado publicó normas para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad y posible escenario de violencia.

Es así que a través de la Resolución Administrativa Nº115-2020-CE-PJ (i), se ordenó que en todos los distritos judiciales funcione como mínimo un juzgado penal, un no penal, uno para atender casos de violencia familiar y una sala mixta. En tanto, la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 588-2020-MPFN (ii) señala que deben continuar activas las fiscalías provinciales de familia y las penales.

El Decreto Legislativo N° 1470 (i) dispone el uso de medios tecnológicos para la emisión de medidas de protección de la víctima, de igual modo la atención de las denuncias sin importar el tipo de violencia y que además sean comunicadas de manera inmediata al juzgado correspondiente. Los jueces también pueden emitir medidas de protección para la víctima sin la necesidad de convocar a audiencia.

Según la vocera de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, en situación de confinamiento la tasa de violencia aumenta. Acotó también que para un desarrollo más eficaz de los mecanismos judiciales, “no solo se debe ver el enfoque desde arriba sino también desde el lado del ciudadano”.

La falta de medidas respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres

Para las acciones de prevención, instrucción y apoyo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no se había establecido una normativa específica orientada al contexto de la COVID-19.

“Se emitió una norma para situaciones de emergencia, en la que se planteó mantener una perenne oferta del servicio (recibir inyecciones, anticonceptivos, orientación misma), pero no se había previsto cómo las mujeres podían acceder a las medidas de planificación familiar en un contexto de cuarentena”, precisó Valeria Cárdenas de la Defensoría del Pueblo.

Debido a la emergencia sanitaria, los esfuerzos en salud dieron prioridad a los pacientes infectados, por lo cual la entrega de anticonceptivos o algún tratamiento de control de embarazo, quedó limitado. Al respecto, Cárdenas expresó: “Independientemente que el servicio se estuviera brindando, no se había previsto cómo la mujer se iba a movilizar a su centro médico”.

Lo que se plantea desde la Defensoría del Pueblo para manejar mejor la situación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el contexto de la pandemia es la difusión, orientación y la implementación de la tecnología para el seguimiento del tratamiento.

“El contexto actual es crítico porque las mujeres están todo el día con su pareja, y queda en su capacidad de decisión sobre si cuidarse o no. La difusión sobre los lugares donde se puede continuar el servicio, la orientación sobre salud sexual y reproductiva, así como incorporar el componente tecnológico son acciones básicas frente a la nueva normalidad”, sentenció.