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El feminismo peruano es actualmente acaso el movimiento de mayor vigencia. Su recorrido en los últimos años ha sido ascendente en intensidad de demandas y conquistas. De hecho, nuestra renovación democrática, que tiene en la reforma política una de sus promesas más importantes, ha asumido el reclamo de la paridad y alternancia como uno de sus ejes con gran anticipo respecto a otros países de la región.

La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos encuentra, sin embargo, sobrecogidos por otra insistencia: la violencia contra la mujer desplegada en todas sus formas, incluso las más extremas, como el secuestro, la violación sexual y el feminicidio. Del mismo modo, tienen un registro galopante la trata de mujeres en las regiones de nuestra Amazonía y el salvajismo de las agresiones en las cuales se usan combustible y ácido para deformar el rostro de las víctimas o el asesinato previo de los hijos de la víctima como una forma de crueldad inaudita.

Aunque es un sentido común que la producción legislativa en favor de los derechos de la mujer no ha concluido, las políticas públicas pueden exhibir un conjunto de leyes que reconocen derechos y protegen libertades, entre las cuales tiene un lugar destacado la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar expedida el año 2015. No obstante, estas políticas se han estancado por la fase de incumplimiento de las leyes; en el caso de la norma citada, se tienen dificultades referidas a la recepción de las denuncias, el incumplimiento de las órdenes judiciales de protección a las denunciantes y la falta de recursos para la instalación de infraestructura necesaria en las investigaciones, como las cámaras Gesell.

El reclamo de declarar un estado de emergencia ante el auge de la violencia contra las mujeres no es descabellado, pero debe ir acompañado de la creación de un registro nacional de agresores prófugos, la atención real a las víctimas, familiares y sobrevivientes, erradicar el machismo en la Policía y ampliar en capacidad y eficacia los servicios de justicia. Si el Perú no tiene éxito en el desafío de establecer un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, todo avance será limitado.

Ese es el sentido de nuestro saludo a las mujeres en este día, lejos de una celebración simbólica que oculte la realidad de la exclusión y la violencia, sino impregnada de la necesidad de una voluntad nacional para hacer justicia y reparar. ¡Feliz 8 de marzo!