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Defensoría sobre simpatizantes de FP: El derecho a la protesta es incompatible con la violencia

El último 14 de julio un grupo de simpatizantes del partido de Keiko Fujimori agredieron a periodistas y a los ministros Ugarte y Fernández.

Disturbios por partes de simpatizantes de Fuerza Popular. Foto: La República
Disturbios por partes de simpatizantes de Fuerza Popular. Foto: La República

Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la defensoría del Pueblo, se pronunció sobre las agresiones físicas y verbales contra periodistas y los ministros Óscar Ugarte (Salud) y Solangel Fernández (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por parte de simpatizantes de Fuerza Popular el último 14 de julio en el centro de Lima.

Castillo expresó que esta clase de actos no son compatibles con el derecho de las personas a salir a manifestarse a las calles, pues aseveró que nada justifica la violencia vista.

Es absolutamente incompatible con nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a protestar. La Defensoría ha insistido que el derecho a la protesta en todo sistema democrático es incompatible con toda expresión de violencia y corresponde a las autoridades garantizar que nosotros podamos expresar nuestra opinión en un contexto de paz”, manifestó en diálogo con RPP.

En ese sentido, explicó que la policía tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía. Del mismo modo, exhortó a no usar la violencia para manifestarse.

El llamado tiene que ser claro, el respeto implica manifestarse pacíficamente y si este mensaje no se emite con claridad, probablemente se extravíe y las formas de poder señalar su opinión salgan del marco que el derecho protege”, agregó.

Fiscalía inicia investigación preliminar por agresiones

La Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a cargo de la fiscal Fanny Uribe Tapahuasco, inició una investigación preliminar por los actos vandálicos por parte de los simpatizantes de Fuerza Popular.

Se empezó indagación “por los actos de violencia que se registraron en el Centro de Lima”. “Las investigaciones se realizan por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud, y contra el patrimonio y la paz pública contra quienes resulten responsables”, se lee en el comunicado expedido por el Ministerio Público.

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