El Comité Cívico Patriótico 4 de Junio se pronuncia sobre la grave situación política del país

Tras responsabilizar a los políticos tradicionales de derecha y de izquierda sobre la grave situación política que vive el país, el Comité Cívico Patriótico 4 de Junio exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, dentro del marco constitucional, rechace todo intento contra la voluntad democrática expresada el 6 de agosto, culmine el proceso electoral y proclame a Pedro Castillo como presidente de la República.

También, demandó a Castillo que forje un gobierno de ancha base con políticos y técnicos de todos los sectores, sin sentencias, denuncias ni cuestionamientos por corrupción.

Además, le dice que proponga un gobierno de concordia y transición democrática por cinco años, con un plan de trabajo que contenga una estrategia para culminar la vacunación de todos los peruanos y paralelamente establecer un eficiente sistema de salud, educación y reactivación de la economía.

Menciona que al instalarse el nuevo gobierno, el Congreso y el Poder Judicial suscriban un acuerdo de gobernabilidad por cinco años para generar estabilidad política.

Otra de las demandas del Comité Cívico Patriótico 4 de Junio es la modificación o mejora del artículo 61 de la Constitución para eliminar todo monopolio en el país. Modificación del artículo 62, con el fin de eliminar los contratos-ley y el Estado recupere su soberanía. Asimismo, menciona el cambio del artículo 66, para que el subsuelo y los recursos naturales que allí existan sean también propiedad de los dueños del suelo.

Seguidamente, se dirige al Ministerio Público y le insta a que, de oficio, denuncie a quienes vienen alentando contra el estado de derecho e institucionalidad democrática con acciones dilatorias que quieren impedir la proclamación del virtual presidente electo, así como promover actos de sedición contra el orden constitucional.

Culmina su pronunciamiento haciendo un llamado a la población a asumir su responsabilidad de ejercer la vigilancia ciudadana con el propósito de que las autoridades públicas cumplan sus funciones sin autoritarismo, respetando el equilibrio de poderes, para la gobernabilidad y la paz social.

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