El Informante: Jugando con fuego, por Ricardo Uceda

Como era previsible, Pedro Castillo anunció que, una vez en el gobierno, buscará de inmediato la convocatoria a una asamblea constituyente. Al pedir que el Congreso lo disponga, analistas hicieron notar que la institución a la que conminará carece de tales facultades. El pedido es ilegal. Voces afines al candidato electo empiezan a decir que tal vez no sea propicio insistir con la idea, al menos por ahora. Sin embargo, es una promesa de campaña. Además, es una aspiración de todas las izquierdas aliadas y no solo de la que representa el ganador de las elecciones. Si Castillo la olvidara se abre un flanco con sus seguidores. En forma coincidente, Guillermo Bermejo, uno de los congresistas importantes de Perú Libre, anunció una movilización colectora de firmas para lograr, mediante referéndum, el aval suficiente. La noticia agitó el gallinero. ¿No dijo Castillo que pediría actuar al Congreso?

La convocatoria a una asamblea constituyente, junto con la revisión de los contratos-ley del Estado con grandes empresas, y el control estatal sobre los recursos naturales son objetivos prioritarios acordados por el presidente electo con los dirigentes de su partido, incluidos los congresistas. En el Congreso, donde tiene minoría, no obtendrá nada. Además, los poderes parlamentarios para reformar la Constitución no incluyen la creación de la ansiada asamblea nacional. Por eso Perú Libre recogerá firmas para una consulta popular. La vía, que también es ilegal, brinda un mayor margen de maniobra política. El escenario de la confrontación ya no sería el Congreso, sino las calles.

Nueva campaña

Por otro lado, mientras Castillo se acomoda como jefe de Estado, el líder del partido, Vladimir Cerrón, intentará anudar alianzas para vencer en las elecciones regionales del 2022. El recojo de firmas para el referéndum confluirá con el activismo electoral. Perú Libre iniciará una campaña de reclutamiento, culminando en un Congreso Nacional. Buscarán a la misma audiencia que apoya a Castillo: peruanos pobres y desafectos a la Constitución de 1993 y al Estado centralista.

Los dirigentes estiman que en 2023, después de las elecciones regionales, alcanzarán cinco millones de firmas, el doble de las necesarias para un referéndum. Para entonces, Perú Libre sería el referente de la izquierda, afianzando su liderazgo sobre Nuevo Perú, el Frente Amplio y los partidos comunistas miembros de Juntos por el Perú. Los aliados serían grupos regionales del sur andino, maestros, comunidades campesinas, movimientos radicales de distinto pelaje y una parte del izquierdismo tradicional.

La base social

Hasta aquí los deseos, indicadores de que Vladimir Cerrón planea ocuparse de la consolidación del partido. Al fin y al cabo es un leninista. Los sectores provincianos que serían su base social ambicionan, ante todo, conquistar el gobierno de sus zonas. Les apetecerá, una vez en el poder, tener el control de los recursos del canon minero sin depender del MEF. El prurito ambientalista ya no sería problema. Un dirigente regional tendría no solo mando político sino mayores recursos estatales, que en forma indirecta pueden financiar su propio movimiento político. ¿Qué más se puede pedir? Perú Libre proyecta una República Federal, aspiración que comparten varios gobernadores, y que sería una bandera eficaz en las campañas electorales del 2022, junto con una asamblea constituyente.

Una hipótesis es que Perú Libre está en mejores condiciones que otros partidos de izquierda para dirigir a corrientes regionalistas, a ligas laborales y a grupos de descontentos marginales. La votación radical del sur, sin ser un fenómeno étnico, trasciende los encuadres ideológicos del socialismo revolucionario. Las elecciones de este año han noqueado a la “izquierda limeña”. Con la asunción de Castillo Patria Roja perderá el control del magisterio y de la Derrama Magisterial, que pasará a ser gobernada por los maestros de Perú Libre. Ningún partido de centro o derecha está preparado para pelear en este terreno.

Los condicionantes

No es posible anticipar si estas pretensiones tendrán éxito porque incidirán varios factores. El más importante es la popularidad de Pedro Castillo durante su primera etapa como gobernante. Los graves problemas que deberá resolver, entre otros muchos la tercera ola de la COVID-19, podrían restarle capital político. Siempre tendrá el recurso de culpar a la Constitución de 1993 o al boicot de grupos empresariales, pero eso tiene un límite.

Otro factor son las investigaciones que afrontará Vladimir Cerrón por su gestión como gobernador en Junín, que podrían, eventualmente, llevarlo a prisión. Aunque desde allí es posible seguir vigente, como de sobra lo ha demostrado Keiko Fujimori, no es lo mismo que estar libre de polvo y paja. Con el agravante de que no existen en Perú Libre dirigentes de su peso político para tomar la posta.

Un tercer condicionante son los cerrojos que tiene la Constitución para ser renovada íntegramente. Es improbable que el Congreso acuerde en dos legislaturas extraordinarias una reforma constitucional que permita la convocatoria a una asamblea constituyente. Aún si cinco millones de firmas lo exigieran, no hay vía prevista. Debería producirse un gran consenso político para que el Congreso someta a referéndum una nueva Constitución, una fórmula declarada expedita por el Tribunal Constitucional en 2002. A falta de consenso, tendría que haber una grave crisis política o revuelta social para que el Congreso se sienta obligado a producir una salida excepcional. Se han dado casos. Pero también podría ocurrir que la exigencia por parte del presidente de una acción que viola la Constitución abra camino a su vacancia. Si para entonces está débil, exigir una asamblea constituyente será jugar con fuego.

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