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Fuerza Popular erra al apelar al caso Bolivia para deslegitimar proceso electoral

Evo Morales buscó la reelección y fue cuestionado por la OEA. En cambio en nuestro país, la comitiva de este organismo, en sus informes sobre la primera y segunda vuelta, concluyeron que la contienda se llevó de manera transparente.

Precisiones. Morales buscó la reelección y fue cuestionado por la OEA. Aquí no sucede eso. Foto: EFE
Precisiones. Morales buscó la reelección y fue cuestionado por la OEA. Aquí no sucede eso. Foto: EFE
Diego Quispe

Parte de la narrativa de la candidata Keiko Fujimori y sus abogados, en su intento por que se revisen las actas de votación, es sostener que aquí ha sucedido lo mismo que ocurrió en Bolivia el 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, en medio de una convulsión social por su cuestionada reelección, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría de carácter vinculante a los cuestionados resultados electorales de este país.

Fujimori y sus aliados alegan que el panorama que vivimos aquí con el triunfo de Pedro Castillo, postulante de Perú Libre, es similar. Sin embargo, esta teoría es falsa. Así lo comprobó La República en conversación con el internacionalista y docente en la PUCP Óscar Vidarte.

“Hay que señalar que en el caso boliviano el informe inicial de la misión de observadores de la OEA cuestionó la elección, encontró que estadísticamente era improbable el avance de Evo Morales en la parte final del conteo y halló otros indicios más como el apagón en el flujo de datos. Así que eso generó muchas dudas”, explicó Vidarte.

En cambio en nuestro país, la comitiva de la OEA, en sus informes sobre la primera y segunda vuelta, concluyeron que la contienda se llevó de manera transparente.

Volviendo al conflicto boliviano, el primer reporte de esta comitiva, relató Vidarte, llevó a que Morales acuerde con la OEA realizar una auditoría. “Esto fue al margen de la legalidad boliviana, porque esta había declarado como ganador a Morales. Pero se buscaba seguridad jurídica. Se habló de servidores ocultos y de falta de resguardo a las actas, de operaciones dolosas y también de una parcialidad de la autoridad electoral”, rememoró.

Situaciones que no han ocurrido en nuestros comicios generales. Es cierto, los abogados del fujimorismo han presentado impugnaciones denunciando firmas falsas en mesas de votación y, además, sus aliados aseguran que el JNE ha perdido objetividad. Acusaciones similares a las que hubo en Bolivia desde la oposición a Morales. “Podría parecer similar, pero yo creo que no es porque el informe de la OEA fue completamente positivo aquí, mientras que en Bolivia fue muy crítico”, precisó.

Remitiéndonos a la cronología de los hechos, el 20 de octubre del 2019 hubo elecciones bolivianas. Morales buscaba su tercera reelección. Su contendor era el expresidente Carlos Mesa. El conteo de votos al 98% daba como ganador en primera vuelta al líder del MAS. Al día siguiente la misión de la OEA reportó observaciones serias a este proceso. Luego vino la auditoría. El 10 de noviembre, el informe parcial concluyó que hubo contundentes irregularidades en los comicios en los que salió victorioso Morales.

Esto provocó que se convoque a nuevas elecciones y un cambio del tribunal electoral. Y ante la pérdida de apoyo político y el pedido de renuncia de parte del Ejército y la Policía, Morales dejó el cargo. Asumió funciones la vicepresidenta del Parlamento, Jeanine Áñez Chávez. El líder del MAS calificó esta asunción como un golpe de Estado. Áñez posteriormente convocó a elecciones, en las que ganó Luis Arce, del MAS.

Las irregularidades electorales, considera Vidarte, fueron la gota que rebasó el vaso: Morales antes apeló al Tribunal Constitucional para candidatear por cuarta vez. La crisis comenzó así.

Esta realidad es totalmente diferente a la peruana, pero Fujimori busca asemejarla para ganar réditos y deslegitimar las elecciones.

La clave

Otros casos. En Honduras también hubo auditoría de la OEA en sus elecciones, pero antes de eso hubo observaciones de parte de su delegación. “Son salidas políticas que aceptan los Gobiernos ante cuestionamientos muy bien fundamentados”, precisó Iván Lanegra, de la Asociación Transparencia.

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