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IDL: “El fujimorismo le ha declarado la guerra a la democracia”

Política LR

Keiko Fujimori pide que se revisen más de 800 actas y asegura que no renunciará a ello. Foto: composición/La República
Keiko Fujimori pide que se revisen más de 800 actas y asegura que no renunciará a ello. Foto: composición/La República

La institución da respuestas legales frente a la maquinaria “de caos social basada en mentiras, difamaciones y violencia” desplegadas por Keiko Fujimori.

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El Instituto de Defensa Legal (IDL) se pronunció en medio de la controversia de las presuntas irregularidades que —según Fuerza Popular— se dieron en las mesas de sufragio el 6 de junio, día en el que se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En su pronunciamiento, la institución indica que “ante la inminente derrota de Fuerza Popular y sus aliados”, estos han tomado la decisión de desconocer los resultados del proceso electoral, “burlando” la voluntad popular y el derecho al voto de más de 8 millones de ciudadanos.

“Ante esta situación de derrota en la justicia electoral, ya se conocen otras acciones legales y judiciales (que realiza Fuerza Popular), como el pedido de una auditoría electrónica de las actas procesadas por la ONPE con la evidente finalidad de obstruir e impedir que los órganos electorales emitan un pronunciamiento definitivo, lo cual constituye un muy peligroso avasallamiento de la institucionalidad democrática. El fujimorismo le ha declarado la guerra a la democracia”, señala.

Asimismo, aseveran que la candidata presidencial Keiko Fujimori ha desplegado una maquinaria de caos social basada en mentiras, difamaciones, violencia y legal, debido a que “desconoce la ley, las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) e incluso disposiciones del propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.

Los puntos que manifiesta IDL

Frente a los hechos, la institución considera necesario manifestar a la ciudadanía algunas leyes que develan el mal accionar del fujimorismo.

IDL recuerda a los peruanos el artículo 45 de la Constitución, el cual indica que el poder del Estado emana del pueblo. Asimismo, señala que los plazos electorales son perentorios y preclusivos.

“Según jurisprudencia del TC, los plazos electorales son perentorios y preclusivos, es decir, una vez concluidos no pueden reabrirse bajo ningún argumento o supuesto”, menciona.

Por otra parte, señala que es ilegal e inconstitucional ampliar el plazo para presentar impugnación de las actas, como lo quiere realizar la candidata del fujimorismo, quien presentó cientos de actas ante el JNE vencido el plazo estipulado.

“La Resolución del Jurado Nacional de Elecciones 0086-2018-JNE del 7 de febrero de 2018, indica que el plazo máximo para la presentación de pedidos de nulidad de la mesa de sufragio, y nulidad de elecciones por hechos externos a las mesas de sufragio, es de 3 días calendario, a partir de la fecha de elección. Ese plazo venció el miércoles 9″, agrega.

La institución también asevera que el juez Luis Arce Córdova —quien habría propuesto que se extienda el plazo para que Fuerza Popular pueda presentar estas actas— está acusado de pertenecer a los Cuellos Blancos del Puerto.

Otro punto que indica es que las reglas para solicitar la nulidad de un acta son bastante estrictas y que las denuncias presentadas por el fujimorismo no inciden en los resultados finales.

“A las 5.00 p. m. del jueves 10 se había presentado, ante el JNE, 771 pedidos de nulidad de mesas de sufragio en el Perú y en el extranjero. 741 pedidos fueron presentados por Fuerza Popular, mientras que Perú Libre, 30. El problema es que apenas 165 de los pedidos de nulidad fueron presentados dentro del plazo legal, que venció a las 8.00 p. m. del miércoles 9. El resto: 606 pedidos de nulidad se presentaron fuera de plazo. En consecuencia, no son válidos. Los 165 pedidos de nulidad de mesa presentados dentro del plazo legal se diferencian así: Fuerza Popular: 151. Perú Libre: 14. De los que se presentaron con plazo ya vencido, 590 fueron de Fuerza Popular y 16 de Perú Libre. Son por lo menos 38.733 votos emitidos en las mesas de sufragio comprendidas en las 165 solicitudes de nulidad”, expresa.

Finalmente, recuerda que la misión de observadores de la OEA no ha encontrado irregularidades en el proceso y que no se puede alterar el calendario electoral a través de amparos electorales en juzgados alejados de la capital junto con la presentación de las medidas cautelares.

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