El informante: El voto de los que sobran, por Ricardo Uceda

Lo que haga o deje de hacer la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) se ha convertido en un tema principal de política nacional desde su creación, en 2014. Existe un millón de estudiantes en las universidades privadas y estatales, dos terceras partes en las primeras. Hay mucha población implicada. Y también puentes hacia la política que fueron más importantes para algunos partidos que para otros. Esta relación es cada vez menor, pero nunca desaparecerá del todo.

Si Keiko Fujimori vence en las elecciones, no son previsibles cambios mayores. Pese a que la anarquía del sistema universitario se originó, en parte, en legislación del gobierno de su padre, en los años noventa, la candidata aseguró que respetará la autonomía de la SUNEDU. Fujimori ha adelantado que es posible que modifique la legislación para nombrar por concurso público al Superintendente . Esto reforzaría su autonomía. Ahora lo designa el ministro del sector. Pero los cambios de Fuerza Popular en Educación estarían más relacionados con la revisión del enfoque de género, algo en lo que coincide con Perú Libre, de su adversario electoral, Pedro Castillo.

Cruce de posiciones

Castillo, en cambio, sí predijo que revisaría decisiones de la SUNEDU, aunque después firmó un compromiso contradictorio. En otro momento planteó un inviable ingreso libre a las universidades. Lo único cierto con Castillo es que el Ministerio de Educación será objeto de su mayor interés. El tópico principal es la situación de los 168 mil maestros contratados, punto álgido de la huelga magisterial del 2017.

En este contexto se produjo un nítido cruce de posiciones entre el ministerio de Educación y la SUNEDU, que la semana pasada desembocó en la prórroga de licencias de las universidades. El MINEDU es el ente rector del sistema y la Superintendencia el regulador autónomo. La controversia se originó en la prepublicación por la SUNEDU de un nuevo modelo para el relicenciamiento. Es más exigente. El primero licenció a 94 universidades, mitad públicas y mitad privadas. 51 fueron rechazadas, 46 de ellas particulares.

Los incumplimientos

Sin embargo, hay una lista de tareas pendientes de universidades licenciadas que aún no se cumplen. 44 de las 46 públicas deben implementar laboratorios o ejecutar obras de infraestructura o superar el nivel de sus docentes. El 37% de los profesores ordinarios no cuenta con el grado exigido por la ley para ejercer su labor. Este defecto es mayor en la UNI y en la Molina, dos centros nacionales emblemáticos, con 57% y 52% de incumplimiento, respectivamente.

El 29 de abril, en un foro público para discutir el nuevo modelo, el director general de Educación Superior del ministerio, Jorge Mori, dijo que la SUNEDU debía hacer un análisis de situación antes de establecer nuevos requisitos. Mencionó varios problemas adicionales: las limitaciones causadas por la pandemia y la falta de oferta originada por el cese de operaciones las universidades que no consiguieron licencia. Hay seis regiones sin oferta privada y una mayor tasa de deserción. Según Mori, la SUNEDU debía establecer cuál fue el nivel de cumplimiento del primer proceso antes de lanzar un nuevo modelo.

Un paso atrás

Joseph Dager, secretario general de la SUNEDU, respondió que la ley habla de mejora continua de la calidad, lo que implica un aumento de las exigencias. Sin mostrarse cerrado a las críticas, aclaró que la SUNEDU dicta las condiciones básicas. En el foro había representantes de las universidades públicas y privadas que pusieron el acento en los problemas reales agudizados por la pandemia. Mori remató diciendo que si no se medía el impacto, la reforma misma podía estar en riesgo.

Al día siguiente la Asociación de Universidades Públicas Peruanas (ANUPP) reveló que no tenían fondos para cumplir los requerimientos y recomendaciones establecidas por la SUNEDU. En un duro comunicado rechazó el nuevo modelo. Por su parte, el consorcio integrado por la PUCP, Cayetano Heredia, del Pacífico y de Lima, pidió postergar su aplicación. La SUNEDU cedió el 7 de mayo: en forma excepcional, el Consejo Directivo resolvió extender por dos años más las licencias que otorgó.

Miles en el aire

El episodio tiene connotaciones electorales. Hace seis años, los directivos de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior unas doce universidades, entre ellas UPC, USIL y San Martín de Porres, eran reacios a la reforma. Ahora, después de la purga, habiendo obtenido el licenciamiento, se sienten cómodos ante un mercado más amplio. Varios de ellos están vinculados al fujimorismo, y esta es otra razón por la que la SUNEDU no peligraría durante un gobierno de Fuerza Popular. ¿Pero por qué Pedro Castillo pidió revisar decisiones de la Superintendencia, aunque después disimuló su postura?

La respuesta es que busca representar a los estudiantes de las universidades en proceso de liquidación, un total de 231,962. Solo en Puno hay más de 32 mil. Estos jóvenes son los que sobran, los directamente afectados por la reforma. En el caso de los matriculados en las tres universidades estatales con licencia denegada (Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, San Luis Gonzaga en Ica y Ciro Alegría en La Libertad), hay ruta de solución: el MINEDU las está asesorando para mejorar su performance en una nueva aplicación. El mayor problema es con las privadas con licencia denegada. Deben suspender exámenes y atender a sus alumnos hasta que ellos culminen la carrera: al mismo tiempo buscan su segunda oportunidad, si cuentan con los fondos para financiarla. Así, mientras el MINEDU desarrolla medidas de apoyo a los estudiantes damnificados –becas, traslados– el candidato natural de estos es el representante de Perú Libre. En eso hay que darle la razón.

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