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Fuerza Popular pidió revocar orden judicial de local allanado en 2020

Según la Fiscalía, “en la campaña 2016 se captó dinero que era entregado en efectivo y en maletines a Keiko Fujimori o su entorno de confianza: Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y José Chlimper”.

Horas decisivas. El juez Víctor Zúñiga resolvería antes de fin de año la suspensión de Fuerza Popular. Foto: La República
Horas decisivas. El juez Víctor Zúñiga resolvería antes de fin de año la suspensión de Fuerza Popular. Foto: La República

El partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, pidió al Poder Judicial que revoque la orden de allanamiento a uno de sus locales partidarios que fue intervenido por la Fiscalía en febrero de 2020. En dicha propiedad se incautaron documentos relacionados al financiamiento de su campaña en las Elecciones Generales de 2016.

El abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, declaró en la audiencia de apelación que el allanamiento no es necesario, ya que ellos habían remitido toda la información que poseían a la Fiscalía. Además, argumenta que el juez no justificó de manera adecuada la necesidad de concretar el allanamiento y que no se encontraron los libros relacionados a los aportes irregulares de la pasada campaña.

Sin duda alguna no sirvió porque no estaban estos libros que hacía referencia y no los tenemos. Entonces, ¿era necesario? Como indica la norma, ¿había peligro en la demora? ¿Había motivación para realizar esto? Nosotros consideramos que no se debió generar este allanamiento. Consideramos que debe revocarse”, señaló el abogado.

Sin embargo, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía se mostró en contra de la petición de Fuerza Popular porque considera que sí había justificación para realizar el allanamiento, ya que se investiga la presunta entrega de maletas con dinero que iban destinadas a Keiko Fujimori.

En la campaña 2016 se captó dinero que era entregado en efectivo y en maletines a Keiko Fujimori o su entorno de confianza: Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y José Chlimper. Se ordenó la colocación del activo en el sistema bancario, fraccionándolo en pequeñas cantidades, empleando falsos aportantes con el objeto de cubrir el objeto maculado para que sea ingresado a las cuentas del partido”, afirmó el fiscal superior Hernán Mendoza.

Los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado decidió dejar su decisión al voto una vez escuchado a ambas partes.

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