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Pedro Castillo, de Perú Libre: ¿cuáles son sus propuestas económicas?

Política LR

Pedro Castillo postula a la presidencia por el partido Perú Libre. Foto: difusión.
Pedro Castillo postula a la presidencia por el partido Perú Libre. Foto: difusión.

Desde un nuevo modelo económico hasta una diferente política laboral, revisa las principales propuestas económicas del candidato de Perú Libre.

De acuerdo con el 89% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se posiciona en el primer lugar de esta primera etapa de los comicios presidenciales y ya estaría asegurada su presencia en la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

Con una crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19, las propuestas en materia económica que ofrece el plan de gobierno de Castillo jugarán un rol importante en la decisión de los peruanos de cara a la segunda etapa de estos comicios.

Economía popular de mercado

El plan de Gobierno de Perú Libre propone un nuevo modelo al que denomina economía popular de mercado, en el que el Estado pasará de ser “vigilante supervisor” a “interventor, planificador, innovador, empresario y protector”.

De igual manera, el Estado ganaría las facultades para regular el mercado, redistribuir la riqueza, nacionalizar y revisar contratos.

“Deben revisarse todos los nefastos contratos-ley que han sido en realidad la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades, en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%. (...) Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades”, se lee en el documento.

El programa del partido fundado por el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón toma como referencia las gestiones de los líderes de izquierda Rafael Correa y Evo Morales, en Ecuador y Bolivia, respectivamente.

Nacionalización y estatización

Perú Libre propone el “cambio del Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador soberano que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país”.

Para ello, un eventual Gobierno de Castillo evaluaría la nacionalización de empresas en caso de que estas no acepten “las nuevas condiciones de negociación”. Se planea aplicar esta medida en sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.

“En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas industrializando el país, generando empleo, fortaleciendo los sectores estratégicos (educación, salud, agricultura, defensa, etc.), y sosteniendo los programas sociales”, sostiene el escrito.

Pedro Castillo

Descentralización

Según la organización política, en el Perú “la descentralización se encuentra paralizada y peor aún conspirada por el centralismo gubernamental al haberse creado órganos paralelos a los gobiernos regionales”.

En ese sentido, se propone la descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas, la apertura de las cajas o financieras regionales, el reconocimiento del Estado plurinacional y la eliminación de los órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales.

Asimismo, sugiere una República Federal, en donde los Gobiernos regionales se convertirían en estados federados, “siendo la primera y la última instancia en la toma de decisiones correspondientes a su jurisdicción, permitiendo solo en caso expreso la intervención del nivel nacional”.

En relación con la descentralización fiscal y tributaria, Perú Libre permitiría que los nuevos Gobiernos federados tengan la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70% (40% regional y 30% municipal), mientras que el 30% iría para el Estado.

Política laboral

El plan de Castillo plantea la elaboración —mediante consenso entre el Gobierno, colegios profesionales y trabajadores— de un código laboral con el que se determinarían las remuneraciones mínimas vitales y los sueldos de funcionarios del Estado.

En tanto, se admitiría la “libertad sindical” y el establecimiento de “formas de participación de los dirigentes gremiales en las diferentes instancias de Gobierno”.

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