Candidatos y partidos bajo sospecha

Postulan al límite. Ocho candidatos a la presidencia de la República afrontan investigaciones penales en el Ministerio Público. Una situación que distraerá y afectará su desempeño, si uno de ellos logra ser elegido para dirigir el país, para el periodo de julio 2021 a julio 2026.

Adicionalmente, nueve partidos políticos participantes en las elecciones generales de abril próximo también están involucrados en investigaciones del Ministerio Público. Se sospecha que fueron infiltrados por organizaciones criminales para lavar dinero de origen ilícito o realizaron actos de corrupción para lograr su registro electoral.

Una primera consecuencia inmediata de esta situación es que las elecciones generales de abril próximo y la política en general del país se ven afectadas por las decisiones que toman los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Una investigación fiscal y judicial por delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios desde que se inician las primeras pesquisas hasta que se emite una decisión final y definitiva puede durar un promedio de ocho a 10 años.

La demora en las investigaciones y los procesos judiciales no es responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia ni de los abogados defensores. Es consecuencia de muchos factores. Falta de suficientes peritos para los exámenes contables y financieros, demora en obtener documentos, ya sea a nivel internacional o dentro del país, y los mismos plazos procesales y vacíos, entre una etapa y otra.

Todos sospechosos

Los candidatos presidenciales en problemas ante la justicia son Ollanta Humala, Daniel Urresti, Keiko Fujimori, César Acuña, Julio Guzmán, Fernando Olivera, Alberto Beingolea y George Forsyth.

Junto a ellos también se investiga a los grupos políticos Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, Partido Nacionalista Peruano (PNP), Partido Popular Cristiano (PPC), APRA, Podemos por el Perú, Unión por el Perú, Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado.

De ellos, los candidatos presidenciales Humala, Fujimori y Guzmán y los partidos políticos Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, PNP, PPC, Apra y Unión por el Perú están incursos en la megainvestigación del caso Lava Jato en el Perú.

El equipo fiscal que ve este caso les atribuye haber recibido, con su conocimiento, aportes de campaña de procedencia ilícita de la constructora brasileña Odebrecht.

Ese dinero ilícito, dice la Fiscalía, fue blanqueado, a través del aparato partidario, vía aportes simulados, para ser utilizado en los gastos de campañas en las elecciones 2006, 2011, 2016 o en beneficio personal de los líderes de los partidos.

Bajo el mismo esquema, pero con fondos de una fuente aún desconocida, es investigado el dueño de la universidad César Vallejo, César Acuña, y su partido Alianza para el Progreso. La Fiscalía le atribuye haber recibido aportes de campaña ilícitos para las elecciones del 2016.

El exministro y actual candidato presidencial Fernando Olivera también es investigado por el caso Lava Jato. Se indaga su participación en la adjudicación del contrato de la Carretera Interoceánica a Odebrecht, un proyecto por el que Odebrecht admitió haber pagado un millonario soborno al expresidente Alejandro Toledo.

El exministro Daniel Urresti afronta un juicio como presunto actor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos en Ayacucho, por parte de un destacamento militar, durante la guerra contrasubversiva. Aunque el partido por el que postula, Podemos por el Perú, no está incluido en este proceso, sí está investigado por otros hechos.

Cambalache

El partido por el que postula Urresti, Podemos Perú, fundado por el empresario y dueño de la universidad Telesup, José Luna Gálvez, está involucrado en la investigación a la red de corrupción política y judicial “Cuellos Blancos del Puerto”.

El exjefe de la ONPE Adolfo Castillo ha reconocido que fue reclutado por Luna Gálvez y el asesor político José Luis Cavassa para postular y ejercer la jefatura del organismo electoral, nombrado por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, con el fin de asegurar el registro de Podemos por el Perú.

Otro caso peculiar es el de Julio Guzmán. El equipo fiscal del caso Lava Jato le inició una investigación por supuestamente recibir un aporte ilícito de Odebrecht en las elecciones del 2016, vía el partido Todos por el Perú.

El 2016, Odebrecht ya estaba en conversaciones con el grupo Lava Jato en Brasil y el departamento de justicia de Estados Unidos para colaborar con la investigación, por lo que es difícil que se haya dado una escapada para aportar, una vez más, a una campaña política en el Perú.

Por otro lado, el partido que Guzmán fundó y por el que ahora postula, Partido Morado, ha sido mencionado en la investigación de los “Cuellos Blancos del Puerto” por un presunto favorecimiento a su registro político.

Alberto Beingolea afronta una investigación en las fiscalías anticorrupción por una asesoría que brindó al Gobierno Regional del Callao, para un programa de capacitación.

Esa investigación no alcanza a su partido, pero el PPC está incluido en la investigación a la excandidata Lourdes Flores por supuestos aportes de Odebrecht en la campaña presidencial del 2006 y municipal del 2010.

Completa el cuadro el exalcalde de La Victoria George Forsyth por una denuncia por violencia familiar que presentó su expareja Vanessa Terkes.

Los candidatos presidenciales de Solidaridad Nacional, APRA y Unión por el Perú presentan candidatos sin problemas con la justicia, pero las organizaciones sí los tienen.

Al cuello

De acuerdo con la legislación vigente, los fiscales del caso Lava Jato apuntan a la disolución de los partidos políticos, en caso de una sentencia condenatoria, como instrumentos del delito.

Esto es lo que los fiscales han pedido en los casos Fujimori y Humala y que pedirán para el resto de grupos políticos investigados.

El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez Víctor Zúñiga la suspensión de Fuerza Popular por dos años y medio, lo que le impediría participar en las elecciones del 2021 y 2022. Al acusar pedirá la disolución.

En mayo del 2019, cuando todavía no se había activado políticamente, al formular acusación y pedir 20 años de prisión para Ollanta Humala por lavado de activos, el fiscal Germán Juárez planteó que al emitirse sentencia se disponga la disolución del Partido Nacionalista.

Así, la suspensión de Fuerza Popular es el primer paso. Si la Fiscalía logra probar sus sospechas, esta será la última elección en la que participarán Fuerza Popular, el PNP y otros partidos. Claro, el elector los podría disolver antes.

Tiempos

Antecedentes. Una investigación compleja como la que se sigue a los candidatos presidenciales y los partidos políticos tiene un promedio de duración de ocho a 10 años.

Plazos. En todos los casos se están cumpliendo 3 años de investigación preliminar y otros tres de investigación preparatoria. Luego, ya no hay plazos fijos. Humala va a cumplir dos años de control de acusación. El juicio se podría iniciar a mediados del 2021.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.