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Economía

Fuerza Popular busca derogar ley que protege recursos pesqueros y especies del Mar de Grau

La congresista Zeta Chunga busca darle de baja a una ley que criminaliza y penaliza con cárcel la pesca organizada sobre zonas en veda, bajo pretexto de proteger a pescadores artesanales. Pero ellos no son alcanzados por la norma.

Entre las actividades ilegales más afectadas por esta ley están la pesca y el desvío ilegales de harina de anchoveta, ambas actividades millonarias pero ilícitas porque depredan el mar y dejan sin recursos a los pescadores artesanales. Foto: Aldair Mejía/La República
Entre las actividades ilegales más afectadas por esta ley están la pesca y el desvío ilegales de harina de anchoveta, ambas actividades millonarias pero ilícitas porque depredan el mar y dejan sin recursos a los pescadores artesanales. Foto: Aldair Mejía/La República
Economía LR

A pesar de haber sido aprobada de manera multipartidaria y por amplia mayoría, la Ley 31622, que incluye el tráfico ilegal de especies en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, viene siendo cuestionada por algunos congresistas cercanos a sectores pesqueros que dicen estar preocupados por sus efectos, pese a que ellos mismos (y/o sus bancadas) votaron a favor de la norma.

Según fuentes del sector, existe un fuerte interés por dar eco a preocupaciones de grupos que, precisamente, la norma busca combatir. El tema se revisaría este lunes en una mesa de trabajo en la Comisión de Producción, a partir del pedido hecho por la congresista Zeta Chunga de Fuerza Popular, quien hace poco prometía en Facebook que la norma iba a ser observada por el Ejecutivo pese a que se trató de una ley aprobada por allanamiento en el Legislativo.

La congresista, principal impulsadora de la derogatoria, comunicó en sus redes sociales que, a raíz del paro de pescadores de Sechura realizado el último 15 de noviembre, se reunió con el ministro de la Producción, y aseguró haberle explicado que los hombres de mar rechazan incorporar a su ámbito la aplicación de delitos contra los recursos naturales.

La parlamentaria también mencionó que el titular de esta cartera le había solicitado que transmita a los pescadores que esa ley sería observada por el Ejecutivo, y, por lo tanto, regresaría comisión. Sin embargo, la ley fue publicada al día siguiente en el diario El Peruano.

Nueva ley no afecta a pescadores artesanales

Lo cierto es que esta ley no afecta a los pescadores artesanales, porque no crea nuevos delitos. Así, lo sostiene César Ipenza, abogado con experiencia en investigación analítica e implementación en derecho ambiental.

“Es fundamental e importante porque tenemos organizaciones criminales que se disfrazan de empresas y trafican cantidades inmensas de nuestra biodiversidad que amenazan de manera importante la existencia de esas especies”, precisa Ipenza.

Además, según lo dispuesto por esta ley, se perseguirán solo los delitos que ya existen cuando son cometidos por organizaciones criminales, y es por ello, que la gran mayoría de pescadores artesanales no se han manifestado en contra y sí muchos a favor.

Cabe resaltar, que entre las actividades ilegales más afectadas por esta ley están la pesca y el desvío ilegales de harina de anchoveta, ambas actividades millonarias pero ilícitas porque depredan el mar y dejan sin recursos a los pescadores artesanales.

Consenso de varios sectores

Diversos sectores se han manifestado a favor de esta ley que brinda mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, ayuda a desarticular las redes delictivas y, por ende, es un desincentivo para los traficantes. Incluso una iniciativa ciudadana logró alrededor de 50.000 firmas a favor a través de la página change.org

Por su parte, el presidente Pedro Castillo aseguró que esta ley “representa un avance en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre y coadyuva con los objetivos y compromisos planteados a nivel nacional e internacional en la materia, y a salvaguardar la biodiversidad y la riqueza natural del país, y con ello los medios de vida de miles de comunidades indígenas y campesinas”.

Desde el ministerio del Ambiente se manifestaron también a favor, aduciendo que “el creciente comercio ilícito de vida silvestre constituye una de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, por el impacto directo que genera sobre la supervivencia de las especies (…) y la privación de medios de subsistencia a las poblaciones locales”.

La Presidencia del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público también han celebrado la aprobación la Ley 31622, coincidiendo en que dará mejores instrumentos a las autoridades que persiguen a las organizaciones criminales que están detrás del tráfico ilegal de especies.