Proponen que los usuarios reciban el 50% de las multas impuestas por los organismos reguladores
En la actualidad, Oefa, Osinergmin, Osiptel, Ositran y Ana disponen del 100% de las multas o sanciones que imponen y no se dirige nada a los afectados. La iniciativa legislativa está siendo evaluada por dos comisiones del Congreso.
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El congresista Carlos Zeballos Madariaga, del grupo parlamentario Integridad y Desarrollo, propone uniformizar el sistema de aplicación de sanciones del Oefa, el Osinergmin, Osiptel, Ositran y Ana, de tal manera que de la multas impuestas por estos organismos el 50% sea destinado a las áreas o comunidades afectadas por la infracción cometida.
El 50% restante queda como recursos del organismo supervisor para que sigan funcionando y que actualmente disponen del total de las penalidades o multas impuestas.
Mediante el proyecto de Ley N° 3209/2022-CR, se precisa que los reguladores, sin perjuicio de imponer sanciones correspondientes, deben obligar a la persona natural o jurídica responsable de la infracción o del daño a rehabilitar, restaurar o reparar la situación alterada, pero además dispondrán la indemnización respectiva conforme a los informes técnicos que se expidan.
En la iniciativa se argumenta que en las normas actuales de estos organismos no se obliga a compensar o indemnizar a los afectados, simplemente refieren que pueden tomar estas medidas, lo cual no garantiza una mejor supervisión de los intereses del medio ambiente o de otros intereses colectivos que cada vez más se ven vulnerados.
“No nos olvidemos del caso Repsol que ha causado mucho daño al medio ambiente y al ecosistema con un derrame extremadamente irresponsable y que hasta la fecha se causa daño y las aguas, playas y fondo marítimo no están totalmente limpias o reparadas y menos se ha pagado los daños causados al país como a la población afectada”, detalla el documento.
De esta manera, los organismos reguladores deben emitir las directivas o resoluciones operativas correspondientes para el cumplimiento efectivo de la ley, dentro de los 30 días calendarios siguientes a su publicación en el diario oficial El Peruano.
Cabe precisar que la iniciativa legislativa se encuentra siendo evaluada por las Comisiones de Defensa al Consumidor y Economía del Congreso.
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