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Economía

Arequipa: los dos dictámenes que definirán el futuro de Majes Siguas II

Al voto. El Consejo Regional de Arequipa debatirá si se aprueba adenda 13 para el proyecto agroindustrial. Hay dos propuestas que debatirán los consejeros. Una a favor de aprobar el “cambio tecnológico” y otra que proyecto respete diseño original.

Reactivación en manos de consejeros.  La sesión de consejo regional se desarrolla mañana. Los diez consejeros decidirán si Majes va o se cancela. Foto: La República
Reactivación en manos de consejeros. La sesión de consejo regional se desarrolla mañana. Los diez consejeros decidirán si Majes va o se cancela. Foto: La República
Elmer Mamani

Después de 4 años, mañana se define la suerte del proyecto Majes Siguas II, cuya reactivación depende de la aprobación de la Adenda 13. El proyecto está paralizado hace cuatro años y busca irrigar 38 500 hectáreas para la agroexportación. El Consejo Regional de Arequipa (CRA) decidirá si autoriza a la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez firmar este cambio, en el contrato de concesión que implica incrementar la inversión en $ 104 millones más. Hay dos dictamenes, uno a favor y otro en contra.

El dictamen en minoría lo elaboró el consejero Herbert Zúñiga. Toca varios puntos. Que el proyecto Majes II aún es viable con la firma de la adenda a pesar que la inversión se incrementa en 19%. Convocar a una nueva licitación lo entramparía más.Toma los argumentos de Autoridad Autónoma de Majes (Autodema): incluir a la adenda como un componente nuevo es inviable y que rescindir el contrato a Cobra llevaría a un arbitraje. “(El proyecto) se postergaría entre 4 a 5 años (…) El plazo podría ser mayor si la terminación es llevaba a arbitraje”, se cita.

También da cuenta que por mayoría, el CRA aprobó el acuerdo regional N° 047-2020 para financiar la adenda. Con ello se permitió que se gestione en el Congreso las garantías soberanas para financiar US$ 104 millones necesarios. Luego expone que el “cambio del sistema de riego” pasó las evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Contraloría. El MEF concluye que el modelo económico-financiero no se altera por la adenda. ProInversión sostiene que no se altera el contrato ni se genera beneficio adicional a Cobra. Sobre los 4 riesgos detectados por Contraloría, el dictamen señala que se tomaron planes de acción para mitigarla. Aquí se omite que Cobra no aceptó atender las recomendaciones por los riesgos. “Los riesgos señalados adolecen de fundamento jurídico”, aclara citando a Autodema.

También se analiza dos de las “nuevas circunstancias” que justifican la adenda. Contraloría descartó que sean tales. Señala que hubo disminución en la cuota de agua del río Apurímac para el proyecto y eso no se podía prever. Sobre las pérdidas de agua por canales abiertos se indica que en estudios posteriores al contrato actualizado hay pérdidas del 5% que ponen el riesgo el valor de las tierras. Señala que con canales abiertos, citando a Autodema, se perderían 31.8 hectómetros cúbicos año (Hm3) y que se perjudicarían 2355 hectáreas. “El proyecto no podría hacerse realidad porque las condiciones técnicas actuales no la harían viables”, concluye.

Los consejeros Elmer Pinto y Edy Medina primero analizan el financiamiento de la adenda 13. Explican que los US$ 104 millones se pagarán en dos cuotas de US$ 54 millones a Cobra. Cuestionan que haya un excedente de US$ 4 millones. Ese monto debe cubrirse con la venta de tierras o del presupuesto institucional del concedente (GRA) en caso los recursos sean insuficientes. Así lo establece el proyecto de adenda. “El Estado se encuentra asumiendo el riesgo del financiamiento”, advierten.

Sobre que los ingresos de la venta de tierras, entre US$ 204 millones y US$ 304 millones, que cubrirían largamente el costo de la adenda, precisan que no es un excedente. Ese mismo dinero el GRA lo necesita para pagar préstamos que asumió ante Estado y CAF para ejecutar el proyecto.

Esgrimen que el contrato actualizado considera cambios tecnológicos pero sin que reconozcan pagos adicionales. Presentan el Acuerdo de Entendimiento suscrito en setiembre del 2016 entre el GRA y el concesionario. Por parte de la entidad regional lo firma Arturo Arroyo en representación de la entonces gobernadora Yamila Osorio. En la segunda cláusula se establece que se podrá mejorar el proyecto pero a riesgo del concedente.

Al tocar las “nuevas circunstancias”, se basan en los argumentos de Contraloría, que tanto la disminución de cuota de agua para el proyecto, como la pérdida de recurso hídrico en la conducción, ya estaban contempladas en el contrato. “El cambio tecnológico no tiene sustento técnico y que, por ende, no existe razón para elevar el costo del proyecto”, concluyen. Hay que precisar que el cambio climático sí fue calificado por Contraloría como nueva circunstancia.

Este dictamen resalta que con adenda se contraviene el contrato. También mencionan la cláusula 4 del TUO: “El monto del cofinanciamiento no podrá ser modificado bajo motivo alguno”. Luego de mencionar los riesgos advertidos por Contraloría, indican que “independientemente de la aceptación de esta propuesta, la concesionaria mantiene la obligación de ejecutar el proyecto”.

Enfoque: Adenda 13 debe firmarse

Jesús Díaz Salas- presidente de SADA

Nuestra oposición a la adenda 13 no es nueva, esta es una línea que la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) ha observado hace años. El 2020 nos pronunciamos y dijimos que no era buena, pero que tenían que mejorarse los términos de negociación y pedimos a las autoridades competentes, en ese entonces el gobernador Elmer Cáceres Llica y quien presidia el Consejo Regional de Arequipa, que de una vez por todas se definiese el tema de Majes II, considerando que es el proyecto más importante que tenía la región.

Pero no, esperaron a que se venzan los plazos, 31 de diciembre del 2021 y recién ese día se acuerdan que había un proyecto.

Nosotros queremos ser muy claros, esto es una irresponsabilidad total, tanto del gobernador Llica que ya no está, como del Consejo Regional que nunca pudo tomar decisiones. Si no se firma, a pesar que consideramos que esta adenda no es de las mejores, el proyecto se cae y se aplazaría indefinidamente, si para firmar la adenda estamos 3 años, para reestructurar nuevamente el proyecto de repente son 20 o 30 años o nunca. Y el otro punto es que, si no se firma la adenda, la empresa Cobra iría a un arbitraje donde las penalidades serían muy grandes y más lesivas para la región Arequipa.

Cuando el proyecto costaba cerca de 400 millones de dólares era rentable desde el punto de vista como proyecto agroexportador, hoy es probable que tengamos que adicionar el componente hidroenergético para que sea rentable.