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Economía

46 de 50 prestadoras de agua potable y alcantarillado fueron sancionadas entre 2020 y 2021

Empresas cometieron infracciones administrativas o incumplieron metas de gestión u otras obligaciones, lo cual afectó a los usuarios.

Se impusieron 160 sanciones a empresas prestadoras. Foto: Sunass
Se impusieron 160 sanciones a empresas prestadoras. Foto: Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, entre el 2020 y 2021, impuso 160 sanciones a 46 de las 50 empresas de agua potable y alcantarillado del país, por cometer infracciones administrativas, incumplir metas de gestión u otras obligaciones en desmedro del servicio prestado a los usuarios.

Los principales motivos de las 65 sanciones impuestas a 37 empresas durante el 2020 fueron incumplir metas de gestión (37%), no implementar medidas correctivas (23%), no efectuar desembolsos o utilizar recursos para fines distintos a los fondos y reservas (19%), no informar a los usuarios o la Sunass sobre cortes del servicio (9%), incumplir obligaciones de buen gobierno corporativo (6%) y aplicar estructura o fórmula tarifaria distinta (6%).

En tanto, las 95 sanciones impuestas a 43 empresas durante el 2021 tuvieron como principales motivos el incumplimiento de medidas correctivas (60%), no informar a los usuarios o la Sunass sobre cortes del servicio (15%), incumplir con las metas de gestión (13%), no efectuar desembolsos o utilizar recursos para fines distintos a los fondos y reservas (8%) y otros (4%).

Es importante indicar que parte de las sanciones impuestas durante el 2020 provienen de supervisiones realizadas antes de la pandemia, mientras que en el 2021 las sanciones consideraron el impacto de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID–19 en la gestión de los servicios de saneamiento, lo que afectó la recaudación de las empresas, así como el aporte a sus fondos de inversión y reservas y, por ende, su capacidad para cumplir con sus metas de gestión.

Es así como la Sunass, en junio de 2020, como parte de su respuesta regulatoria para afrontar la crisis, emitió una norma que permitía a los prestadores solicitar una revisión tarifaria que, entre otros aspectos, suspendía las metas de gestión establecidas en su estudio tarifario vigente y por consiguiente su fiscalización. En total, 36 EPS se acogieron a la revisión tarifaria e iniciaron procesos para establecer sus nuevas metas, lo cual explica la reducción de sanciones impuestas por incumplimiento de metas de gestión durante el 2021.

Sanciones

De las 160 sanciones impuestas entre el 2020 y el 2021, el principal tipo de sanción en ambos periodos fue la amonestación escrita (66% el 2020 y 85% el 2021), en segundo lugar, la amonestación escrita más medida correctiva (17% y 9%, respectivamente), en tercero la multa (11% y 4%, respectivamente) y en último lugar la remoción de director de EPS (6% y 2%, respectivamente).

La amonestación escrita fue el tipo de sanción más recurrente debido a que en junio del 2020 la Sunass, con el fin de cautelar la continuidad y sostenibilidad del servicio en un contexto de máxima necesidad de la población, emitió una norma que establecía la facultad de imponer amonestación escrita en lugar de multa a las EPS que acreditaran que su recaudación se había afectado, en al menos 20%, por causa de la pandemia. Con ellos se buscó que las empresas utilicen esos recursos para seguir prestando sus servicios en óptimas condiciones, sin por ello dejar de ejercer la función sancionadora de acuerdo a ley.

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