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“Repsol tiene una responsabilidad extendida de implementación del plan de contingencia”

Monica Nuñez, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico y directora de la Clínica de Gestión Ambiental de la UP., fue entrevistada en LR+Economía de La República.

La Republica
Mónica Núñez, profesora de la Universidad del Pacífico.
Rumi Cevallos

Como experta en asuntos ambientales, en principio, ¿qué sintió usted con esta noticia de este enorme derrame de petróleo en el mar de Ventanilla?

—El primer sentimiento es el que compartimos todos: indignación, al saber que Repsol no pudo identificar el nivel de gravedad del derrame en un primer momento. Y que, posteriormente, seguimos viendo la inacción tanto por parte de Repsol como del sector público en atender el derrame.

Esto pudo haberse evitado porque era necesario una claridad por parte de la Marina de Guerra del Perú respecto de lo sucedido en esta erupción volcánica en el mar del Sur, Tonga, y además las acciones necesarias para mitigar los supuestos oleajes anómalos que señala la empresa.

—Es cierto que se pudo evitar si la Marina de Guerra hubiese publicado la alerta que recibió del monitoreo de oleajes anómalos de Hawái. Normalmente lo que se hace es solo recibir la alerta de la central de Hawái y republicarla, y eso pone en acción todas las medidas de prevención en el litoral. Sin embargo, el capitán del buque y la empresa también reciben esa información y también están en capacidad de tomar las medidas de prevención sin esperar un aviso de la Marina. Es decir, esta información ya era conocida por el buque, por lo menos, que tiene una responsabilidad legal de poner a resguardo las vidas humanas y el impacto ambiental que cualquier accidente o situación de riesgo pudiese generar.

Ayer en una entrevista, el CEO de Repsol Perú insistió en que el hecho ocurrió por oleajes anómalos tras esa erupción del volcán submarino en Tonga, pero desde la entidad del Estado se señala que esto no fue así. Que en ese momento el mar de Ventanilla estaba tranquilo, incluso deportistas náuticos han señalado que el mar estaba tranquilo en ese momento. Y han señalado que no había razón para culpar a los oleajes anómalos por una situación que ocurrió con este desastre ecológico. ¿Qué opina usted?

—En este punto, todavía estaríamos especulando de adoptar una u otra opción. Me parece que son las entidades técnicas especializadas quienes tienen que determinar cuál fue la causa: si fue un oleaje anómalo o si fue alguna falla mecánica en la descarga de combustibles. Sin embargo, a pesar de atribuir la causa remota a una u otra, la responsabilidad ambiental, queda clara, que es de Repsol, quien se encontraba realizando la actividad en ese momento. Entonces, independientemente de si es una versión u otra, que a este punto no está claro, solo estaríamos especulando. La responsabilidad administrativa y ambiental sigue recayendo sobre la empresa.

Así es, justamente veleristas deportistas que estaban en ese momento cuando ocurrió este desastre, señalaron que se suspendió su campeonato de velas en el mar porque los vientos amainaron y el mar parecía una piscina. Por lo que se descarta la situación de los oleajes anómalos, lo que trae por tierra, obviamente, lo señalado por Repsol. ¿Esto podría de verdad haber pasado así y en todo caso, qué dependencia del Estado debería ratificar esta versión?

—Es una buena pregunta que nos hace cuestionar bastante más. En Perú, hemos optado por un sistema de competencias ambientales que es orgánico, no hay una sola institución, sino que es una responsabilidad sistémica. Se les llama sistemas funcionales. Entonces, en este caso, hay dos entidades que tienen competencia sobre la actividad. OEFA es la entidad de fiscalización ambiental sobre la actividad económica, pero DICAPI, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina, también es una entidad de fiscalización ambiental y es la entidad que tiene competencia sobre la aprobación de planes e instrumentos ambientales y la fiscalización de actividades en el litoral peruano. Resumiendo, OEFA y DICAPI tienen responsabilidades compartidas y complementarias para evaluar la responsabilidad de este caso.

Ayer el mismo CEO de Repsol ha señalado que las tareas de mitigación de limpieza estarán completadas para fin de febrero. ¿Cree usted que eso sea posible de lograr en ese tiempo?

—Espero, ciertamente, que sí. Que se remedie en el tiempo más corto. Creo que es importante notar, y esto es clave, que la responsabilidad de Repsol no es una responsabilidad ocasional, es decir, la responsabilidad que se le atribuye no se restringe a lo que sucedió en el segundo o dos segundos en los que se ocasionó el derrame. Que, por la cantidad, probablemente fue de más tiempo que el que cuentan y no lo detuvieron. Sin embargo, lo que quiero decir, es que Repsol tiene una responsabilidad extendida de implementación del plan de contingencia y de la prevención de los daños. Estamos frente a una infracción continuada, no una infracción puntual. Por lo tanto, cada día que no se implementa el plan de contingencia, cada día que se permite empeorar el impacto que tiene sobre el ambiente se configura como parte de una sola infracción larga que tendrá que ser en su momento evaluada por las autoridades administrativas para la imposición de una sanción, de medidas de remediación y cuantificar cuál es el verdadero daño ambiental que esta infracción continuada que están planificando extender hasta fines de febrero.

A propósito de ello, y como bien usted lo señala es importante la limpieza, pero también la remediación de la zona de desastre. Pero hemos visto al inicio la participación de pocas personas recogiendo el derrame con recogedores, escobas, palas y carretillas. El alcalde de Ventanilla tuvo razón en reclamar esta situación, pero ¿por qué cree usted que Repsol demoró tanto en ello, sabiendo que son una empresa petrolera y que podrían haber este tipo de contingencias? Obviamente, se necesitaba su participación de inmediato en estas faenas de limpieza.

—Sí, no puedo estar en la cabeza de los tomadores de decisión de Repsol. El plan de contingencia y el plan de respuesta a emergencias de Repsol ya existe, ha sido aprobado por DICAPI y la idea de tener un plan de contingencia es justamente no tener que ponerse a pensar en el momento del derrame qué medidas vamos a tomar, no tener que buscar gente o contratar gente. Si no, tener un plan listo que se activa inmediatamente apenas se detecta la emergencia. En este caso, parece que Repsol ha aplicado el plan de contingencia para una emergencia de impacto leve, cuando es una emergencia de impacto grave. Es decir, las medidas de respuesta no han sido proporcionales, no han sido adecuadas. Y eso constituye un incumplimiento formal del plan de contingencia y agrava también el impacto que puede tener el derrame sobre el ecosistema al no atenderlo a tiempo con las medidas adecuadas.

A propósito de ello, estamos hablando de 6000 barriles de petróleo, no eran 6 o 7 galones como dijo inicialmente la empresa. Estamos hablando de 6000 galones de petróleo negro, que está contaminando todavía sigue contaminando el Mar de Grau. En ese sentido, la premier Mirtha Vásquez afirmó que se están evaluando los aspectos legales y que habría incluso la posibilidad de una suspensión en la licencia de la empresa. El asunto es ver, obviamente, los mecanismos legales, ¿qué es lo que corresponde hacer en este aspecto?

—Esa decisión corresponde a las entidades técnicas competentes. La decisión de suspender la licencia a la empresa es del Ministerio de Energía y Minas. Tendrá que tomarse la decisión en función a la verdadera gravedad del daño. Espero que no se tome en base a especulaciones, no estamos hablando de una especie de revancha para cuantificar e imponer la sanción. Lo que realmente debemos atender y en lo que la opinión pública debe mantener la presión (y el interés en la participación pública) es justamente reparar el derrame lo más pronto posible. Eso debería ser la prioridad en este momento, las sanciones o la especulación sobre qué tan graves son las sanciones debería pasar a un segundo plano. Porque ese es un plano formal y en este momento atender el plano sustancial que es el impacto gravísimo que la emergencia está teniendo, no solo sobre los recursos naturales, sino principalmente sobre la población local y los sectores económicos que han sido golpeados. Por ejemplo: la falta de confianza en el consumo del pescado, cómo afecta eso a nuestros pescadores, no solo de Ventanilla, sino de todo el litoral. Creo que ese tipo de impactos son en los que puede contribuir la opinión pública: dando información certera y no especulando sobre la gravedad de los impactos, sino dándole tranquilidad a las personas que están muy preocupadas por el impacto del derrame.

Y es que este derrame, obviamente, la cantidad de petróleo vertido al mar ha estado subiendo hacia el norte. Como sabemos tener una corriente marina, la corriente marina de Humbolt; y en ese sentido, ¿usted considera que mientras que no se avance con celeridad en la limpieza y remediación, este derrame podrá continuar avanzando hacia el norte? Porque hemos visto que ya están afectadas Caletas, playas en Chancay, no solamente Ventanilla, sino se pasó a Ancón y paulatinamente está subiendo hacia el norte del litoral peruano.

—Sí, creo que la respuesta clave es responder rápido y asertivamente. Creo también que a medida que se dilate la respuesta, se generan responsabilidades legales de indemnización, no sólo con las multas que podrían imponer OEFA y DICAPI, no solo con la suspensión de la licencia que podría decidir el Minem; sino también responsabilidad de indemnización con cada una de las poblaciones que se ven afectadas. Ya no estamos hablando solamente del impacto económico, social, a la salud (el riesgo a la salud continuado que podría tener las playas anexas), sino también estamos hablando de una zona de impacto indirecto. Legítimamente los pobladores podrían iniciar acciones legales de indemnización, de responsabilidad civil sobre Repsol por el impacto indirecto que este derrame y su inacción que, sobre todo, está teniendo sobre sus medios de vida y su salud posiblemente.

¿Qué prevé la ley peruana respecto al marco normativo nacional en materia de indemnizaciones a los perjudicados?

—En el caso de indemnizaciones, lo que se inicia no es un proceso administrativo, sino civil. Que se inicia a través de un juez en el Poder Judicial, en donde se deben acreditar los daños actuales, daños posibles, el lucro cesante. Hay varias categorías jurídicas sobre las cuales se puede pedir indemnización, no sólo la pérdida actual, sino también la pérdida potencial de ingresos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio turístico en una playa que ha sido contaminada y ese negocio se ve suspendido debido al derrame, no solamente durante enero y febrero, sino de manera prolongada. Esa figura se llama lucro cesante y es la expectativa de lo hubieses podido ganar si es que se hubiese remediado a tiempo. Y ese tipo de categorías también entran dentro de una indemnización de responsabilidad civil. El proceso puede prolongarse también por la práctica de los jueces en el tema y por la capacidad de prueba. Pero la Ley, el sistema jurídico peruano, contempla que se puedan utilizar ese tipo de remedios y en muchos países esos remedios son justamente solicitados mediante abogados pro bono o servicios sin fines de lucro, que ayudan a las poblaciones afectadas a iniciar ese tipo de procesos. Entonces, esperamos también, como hemos visto en redes sociales, acción por parte de todos mis colegas para ayudar a las poblaciones locales que se han visto perjudicadas a obtener los remedios adecuados.

De otro lado, ¿qué le parece a usted esta cruzada nacional para la donación de cabello humano que pueda ser utilizado en las labores de limpieza de ese mar de petróleo en el norte del litoral?

—Es un aspecto complicado porque entiendo que todos queremos hacer algo. La primera pregunta que me hiciste fue cómo te sientes respecto de eso y lo que te dije fue que me siento indignada como muchos de nosotros. Entonces, entiendo que todos queramos hacer algo y el hecho de sentir que podemos contribuir con algo que no nos cuesta, como un pequeño sacrificio de cortarnos el pelo y percibimos que ya estamos ayudando. Realmente muestra la solidaridad que tenemos como peruanos al unir esfuerzos, todos juntos. Lamentablemente, en sentido legal, creo que puede ser contraproducente porque la responsabilidad de limpiar de petróleo no es de la población local o de las municipalidades que están haciendo campañas para cortar el cabello de la gente, sino es de la empresa que causó el derrame. También se están haciendo campañas para donar toallas y detergentes al Parque de las Leyendas, a la que invito a todos a donar; pero espero que esta sea la última vez que tenemos como ciudadanos de asumir la responsabilidad que está clara que es del causante del derrame.

Finalmente, ¿qué se debe hacer a futuro para evitar este tipo de desastres?

—Una acción muy clara que podemos tomar es suscribir el Acuerdo de Escazú. Este contempla y fortalece los mecanismos de transparencia, de participación pública, de defensa del ambiente, de acceso a la justicia en aspectos ambientales. Todo lo que hemos hablado en esta entrevista cae dentro del Acuerdo de Escazú. Nos hemos demorado días en acceder al plan de contingencia de Repsol y, posteriormente, estamos hablando de su indemnización, lo que es acceso a la justicia en temas ambientales. Creo que es un buen momento para volver a poner sobre la mesa la ratificación del Acuerdo de Escazú que nos permitiría como país enfrentar institucionalmente mejor este tipo de emergencias.