Indecopi pide investigar a Tudela, Echaíz y Juárez por ‘favorecer’ al Cártel de la Construcción

De acuerdo a Indecopi, las legisladoras de Avanza País, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular buscan reformar el organismo mediante un predictamen que despojaría al Ejecutivo de sus facultades para elegir al directorio.

Indecopi. Para Julián Palacín Gutiérrez, el proyecto de ley de la congresista Tudela busca sacarlo del cargo en favor de las empresas del Cártel de la Construcción que su gestión investiga. Foto: composición/La República
Indecopi. Para Julián Palacín Gutiérrez, el proyecto de ley de la congresista Tudela busca sacarlo del cargo en favor de las empresas del Cártel de la Construcción que su gestión investiga. Foto: composición/La República
Economía LR

Julián Palacín Gutiérrez, presidente del Indecopi, sostuvo que tres congresistas con conflictos de interés, una de ellas por el caso del Cártel de la Construcción, buscan convertir al instituto en un Organismo Nacional Autónomo (OCA) para librar a las empresas involucradas en la investigación en marcha. Se trata de Adriana Tudela, Patricia Juárez y Gladys Echaíz, integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso.

El predictamen recaído en los proyectos de ley 0193/2021-CR, 555/2021-CR y 656/2021-CR, Ley de reforma constitucional que eleva al Indecopi como OCA (en adelante, Onadecopi), plantea el nombramiento de un Consejo Directivo para el organismo en el que no participe el presidente de la República y los ministros de Estado. Actualmente, el cargo de titular de Indecopi es de confianza y depende de la PCM.

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“Se está violando el principio constitucional de separación de poderes, dispuesto en el artículo 43° y el Título Cuarto de la Estructura del Estado de la Constitución Política del Perú. Este predictamen agrava el problema de fondo de nuestra institución que son las puertas giratorias y los conflictos de interés”, refiere el comunicado.

De acuerdo al Indecopi, Adriana Tudela, congresista de Avanza País y autora del PL 0193/2021-CR, mantuvo reuniones en su despacho con representantes de las constructoras OHL y TP S.A.C., involucradas en el caso del Cártel de la Construcción y con multas que supondrían S/ 10 millones 947 mil 640.

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En cuanto a Gladys Echaíz, Indecopi sostiene que la congresista de Alianza para el Progreso debió inhibirse de votar el predictamen en controversia, debido a que uno de sus hijos trabaja como secretario técnico en una de las salas del organismo, actualmente bajo lupa por conflictos de interés con sectores de la industria.

“Lo que implica la nulidad absoluta de todas las sesiones de la Comisión de Constitución en las que ella participó con voz y voto en el debate. Esto es inaceptable en el procedimiento parlamentario”, sostiene Palacín Gutiérrez.

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En el caso de Patricia Juárez, de Fuerza Popular, Indecopi considera que su condición como expresidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), durante la gestión del investigado exalcalde Luis Castañeda, desacredita su participación a la hora de reformar al organismo regulador.

“Solicito a la señora presidenta del Congreso de la República (María del Carmen Alva) y a los miembros de la Mesa Directiva adopten, en el marco de las facultades que establece el Reglamento del Congreso de la República, las medidas necesaria para que se investigue minuciosamente a la presidenta y secretaria de la Comisión de Constitución y Reglamento y se determinen las responsabilidades de ley que correspondan, debido a que el predictamen aprobado contiene opiniones de abogados externos, los cuales estarían parcializados o vinculados al Cártel de la Construcción”, finaliza el documento.

El dato

  • Actualmente, la designación de los cinco integrantes del directorio, incluido su presidente, le corresponde al Ejecutivo.
  • Uno es elegido en representación de PCM, uno en el Ministerio de Economía y Finanzas, uno en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y otro en el Ministerio de Producción. Todos son nombrados mediante una resolución suprema refrendada por la primera ministra, Mirtha Vásquez.