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PCM convoca a la SNMPE para resolver controversias con mineras en Ayacucho

La reunión, con la presencia de OEFA, busca restablecer el diálogo sobre los lineamientos de la actividad extractiva sobre los cuatro proyectos en etapa de cierre.

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, participa en instalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 2021-2026. Foto: PCM
Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, participa en instalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 2021-2026. Foto: PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que convocará a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para resolver las controversias generadas en torno a la continuidad de los proyectos mineros de Pallancata, Inmaculada y Apumayo, en Ayacucho, los cuales están en proceso de cierre.

Ello, luego de que los ministros del Ambiente, Rubén Ramírez, y de Energía y Minas, Eduardo González Toro; además de los viceministros de Minas, Jorge Chávez Cresta, y de Gestión Ambiental, Mariano Castro, mantuvieran una reunión en la sede de la PCM.

Con ellos también estuvo Miriam Alegría, titular del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que en las últimas horas informó que Ayacucho será primera región con marco metodológico para identificar y zonificar cabeceras de cuenca.

Como se recuerda, luego de que la premier Mirtha Vásquez, anunciara que se ratificará el cumplimiento de los planes de cierre de cuatro proyectos mineros que pertenecen a las empresas Apumayo, Sami y Compañía Minera Ares, con las unidades Inmaculada y Pallancata, ubicadas en el sur de Ayacucho, el Minem aclaró que ello se viene dando en el marco del proceso regular establecido por normativa.

Desde Hochschild, filial de Ares (Inmaculada y Pallancata), extendieron “un llamado a la primera ministra para que aclare los alcances reales del acta suscrita en Cora Cora y, además, reconsidere la posición ilegal adoptada”.

En tanto, los representantes de Apumayo sostuvieron que se demandó que se “brinden las garantías jurídicas para establecer una mesa de diálogo objetiva” que derive en soluciones pacíficas, traducidas en una ampliación de sus operaciones.

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