Estatización y nacionalización: ¿qué son, en qué se diferencian y cuáles son sus consecuencias?

Luego de sus declaraciones en Bagua, el presidente Pedro Castillo puso paños fríos a la palabra ‘estatizar’, remarcando a través de su cuenta de Twitter que el proceso de recuperación del gas para los peruanos se ajustará al irrestricto respeto a la libertad de empresa.

Según el investigador Jorge Manco, antes que la estatización y nacionalización, es preferible la negociación contractual con los accionistas de Camisea. Foto: La República
Según el investigador Jorge Manco, antes que la estatización y nacionalización, es preferible la negociación contractual con los accionistas de Camisea. Foto: La República
Omar Amorós

El jefe de Estado, Pedro Castillo, recordó a través de sus redes sociales que tanto la construcción del gasoducto del sur como la masificación del gas natural de Camisea a nivel nacional son consignas prioritarias de su gestión. “Como Gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, destacó Castillo Terrones.

Pero ¿es posible respetar la libertad de empresa —como menciona el presidente Castillo— si insta al Congreso para que cree una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea con el fin de darles a los peruanos lo que su suelo produce? Para respondernos algunas inquietudes conversamos con Jorge Manco Zaconetti, economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Qué es la estatización?

Según La Real Academia Española (RAE), estatizar es convertir algo privado en estatal. Para Manco Zaconetti, este concepto se desarrolla tal cual en la realidad. “Si una empresa tiene activos, pasivos y patrimonio, todo ello es privado, y cuando una empresa es privada —no importa en el régimen en que se desenvuelva— se supone que está sujeta a las leyes privadas del régimen de sociedades mercantiles”, señala.

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“Entonces, cuando uno quiere estatizar ese capital social privado es porque lo quiere convertir en capital estatal, lo cual genera un hecho público como lo es la expropiación, lo cual por mandato legal tendría que hacerse a través de una ley que demostrase la necesidad pública y la utilidad social de esa acción porque el Estado tendría que pagar un justiprecio al contado por ese capital social expropiado”, agregó el economista.

¿Qué es la nacionalización?

Una de las acepciones de nacionalizar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es ‘hacer que una propiedad o servicio pase a ser de titularidad del Estado’. Este significado es el que correspondería al contexto de la problemática con el gas de Camisea.

“Las reservas de hidrocarburos en el subsuelo corresponden a la nación, que por contratos de licencia son transferidas a las empresas privadas. Entonces, si el gas ya es de todos los peruanos, el problema radica en la masificación del mismo, es decir, que llegue a más peruanos. Eso es masificar, no nacionalizar, porque el recurso ya es del Perú (cuando está en el subsuelo), pero es extraído por privados”, sostiene Jorge Manco.

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Estatización y nacionalización: ¿en qué se diferencian?

Estatizar significa convertir el capital social privado en un capital estatal o público. Por otro lado, la nacionalización vendría a ser una consecuencia del proceso de estatización de una empresa privada, es decir, el hecho político que se dará después, que no sería otra cosa que el gas esté al servicio de todos los peruanos controlado por el capital estatal.

“La pregunta, por lo tanto, es: si no se tiene recursos económicos y hay que atender la pandemia, la inversión pública y masificar el gas, construyendo la red de gaseoductos en las 10 u 8 regiones, ¿porqué estatizar y nacionalizar? Lo que se necesita es renegociar con Camisea como ya se ha hecho en otras oportunidades”, expresa el experto.

Consecuencias de la estatización

La mayor razón por la cual no es conveniente un proceso de estatización de Camisea, según Manco Zaconetti, es “porque ya el Estado peruano participa en el lote 88 con una regalía de 37,24%. Si a eso le agregamos el impuesto a la renta, que es el 30%, y a eso le añades además el impuesto a la renta de los dividendos, que es el 4%, el Estado participa con el más del 50 % de los ingresos de la riqueza creada. Entonces —se pregunta—, ¿por qué voy a estatizar un negocio privado que genera importantes rentas al Estado? Perdería lo ganado”.

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Otra consecuencia para el experto sería la siguiente: el pago al contado de parte del Estado de un justiprecio, lo cual implica un proceso de valorización empresarial, y un litigio internacional que espantaría las inversiones privadas. Según nuestro entrevistado, estas futuras confrontaciones al parecer no están “en la agenda del Gobierno”.

Consecuencias de la nacionalización

Desde el punto de vista constitucional son posibles las nacionalizaciones previa aprobación de una ley del Congreso de la República, pero Manco Zaconetti cree que con la actual correlación de fuerzas sería muy difícil de aprobar y que el hecho de que el presidente haya instado a que se cree una ley conjunta es básicamente una provocación, un efecto político para demostrar a la población que el Ejecutivo está a favor de que el gas llegue a todos los peruanos y que el Congreso no, es decir, desprestigiarlo lanzándole la responsabilidad.

Por eso, antes que la estatización y nacionalización, es preferible la negociación contractual con los accionistas de Camisea. “Claro que se puede hacer de facto, como lo hicieron los militares en la década de los sesenta, pero el Perú está inscrito en más de ocho convenios y tratados internacionales donde damos cabida a las inversiones extranjeras en territorio nacional, las cuales son protegidas legalmente”, sostiene Jorge Manco.

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