Ley de Desarrollo Urbano Sostenible no ayuda a reducir déficit de vivienda formal, según expertos
La ASEI advirtió que las acciones y gestiones recaerán sobre las municipalidades, “quienes no tienen la capacidad suficiente de generar planes de desarrollo urbano adecuado”.
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De acuerdo con especialistas, la promulgada Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) no contribuiría a reducir el déficit habitacional de vivienda formal en estratos socioeconómicos bajos.
“Llegar a hacer vivienda social a los estratos socioeconómicos bajos, definitivamente, con esta ley no se va a solventar. Esta ley si bien pone una primera piedra, que es el tema de las reservas y el planeamiento de espacios o territorios, no cierra el tema de la equidad urbana”, manifestó el urbanista Antonio Navarro, uno de los ponentes del webinar “Ley de Desarrollo Urbano Sostenible: Hacia una vivienda digna y formal” realizado este miércoles 15 de septiembre por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).
Según el experto, la normativa creada el 21 de julio de este año y promulgada por el Congreso cuatro días después, no reúne las condiciones básicas y suficientes para garantizar el equilibrio de la ecuación fundamental del urbanismo moderno, “ya que no está totalmente cerrado dentro del marco legislativo”.
En esa misma línea, Navarro, con 18 años de experiencia en gestión urbanística, advirtió que las acciones y gestiones recaerán sobre las municipalidades, sobre todo el desarrollo de los planes y la elaboración de documentos de tipo catastral.
“La ley deja en los hombros de las municipalidades provinciales y metropolitanas todo el peso del desarrollo de los planes urbanos, pero todos conocemos la realidad de estas, ya que no tienen la capacidad suficiente de generar los planes ni documentos de desarrollo urbano adecuado. Probablemente se generará grandes problemas y controversias”, aseguró.
En otro momento, el experto precisó que el reglamento también maneja espacios temporales tanto de realización, modificación y transición que no están en clara sintonía con los tiempos de ejecución urbanística y tramitación administrativa.
Por su parte, David Encinas, asesor legal de ASEI, respaldó a Navarro y responsabilizó al anterior Congreso de las falencias que hoy muestra la normativa, la cual se presentó como proyecto el 7 de mayo de este año y no pasó por una revisión ni en la Comisión de Vivienda del Parlamento ni fue elevada al Pleno.
“Esta es una ley que ejemplifica lo que sucede en una cuarta legislatura del Congreso donde las cosas se hacen a la carrera, estamos analizando y debatiendo una ley ya publicada en El Peruano, ya con vigencia. Esto debió hacerse en los espacios adecuados. Enredan algunos conceptos técnicos que pueden generar graves consecuencias”, sostuvo Encinas.
En tanto, Jorge Picón, tributarista y socio fundador de Picon & Asociados, afirmó que la creación de la participación en el incremento del valor del suelo, que nació con la ley, ha generado mucha controversia a nivel tributario con potencial de ser declarado inconstitucional.
“Es dramáticamente oneroso e increíblemente inseguro en su determinación. Lo que podría desencadenar la inaplicación de la normativa”, aseguró durante su intervención.
“Estamos hablando de un impuesto que en combinación con el impuesto a la renta tiene un efecto de confiscatoriedad, y si es un impuesto también tiene un problema de constitucionalidad respecto de delegar en una municipalidad y estableciendo una tasa”, acotó
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