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El Estado se hará cargo del proyecto 7 regiones

Salida de emergencia. Y es que ProInversión confirmó que postores desistieron de presentar ofertas para el proyecto.

Licitación fallida. Anuncio llega en un momento crítico para la población de 7 regiones del país. Foto: difusión
Licitación fallida. Anuncio llega en un momento crítico para la población de 7 regiones del país. Foto: difusión
Carlos Bessombes

ProInversión informó ayer que el concurso para adjudicar el proyecto de masificación de gas natural en 7 regiones fue declarado desierto. La agencia confirmó que al acto público no se presentaron los postores calificados. “El mercado no respondió”, sentenció ProInversión a través de un comunicado.

De esta manera, el proyecto que busca llevar el energético a través de la distribución por red de ductos a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali quedó nuevamente rezagado. Una constante a lo largo de los últimos 15 años.

Y es que el proyecto 7 Regiones, tal como hoy se le conoce, no ve la luz desde el 2014, empero, el origen del proyecto -que antes solo consideraba a 6 regiones- data del 2005.

Como salida a esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que implementará un proyecto para la construcción de estas redes de distribución de gas natural.

“Para ello, se viene evaluando el uso de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y/o del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), conforme a lo señalado en la Ley Nº 29852, la cual permite el uso de estos recursos para desarrollar infraestructura de gas natural a nivel nacional”, subrayó el Minem.

Para Amadeo Arrarte, socio y country manager de Calden Consultoría, luego del anuncio del Minem, corresponderá a este despacho asignar a un responsable del uso de estos recursos públicos.

“En este caso tendría que darle ese proyecto o encargar que lo desarrolle Petroperú -en su calidad de empresa pública- y que ellos tomen esos recursos y comiencen a construir”, anotó el especialista.

De esta manera, precisó Arrarte, el proyecto podría ir avanzando y si en caso luego se decide licitarlo (previa recuperación de lo invertido con recursos públicos), habría predictibilidad respecto a un proceso con permisos avanzados, o un EIA en curso.

Una muerte anunciada

Para Arrarte, el principal problema de este proceso es que el contrato no reflejaba la realidad y por tanto debía reestructurarse por completo. “Es una gran pena y pérdida de tiempo. Si el Estado hubiera parado en su momento, revisado lo recomendado y relanzado en dos o tres meses, de repente otro hubiese sido el resultado”, criticó el experto.

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