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Perú ya cuenta con una Política Nacional de Empleo Decente

Se busca que los trabajadores accedan en igualdad de condiciones y libres de cualquier discriminación, a un trabajo decente y productivo.

La PED tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030. Foto: difusión.
La PED tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030. Foto: difusión.
Economía LR

Tal como lo anunció hace unos días la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se oficializó, mediante Decreto Supremo, la Política Nacional de Empleo Decente (PED), el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y su conducción estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El objetivo de esta norma es brindar el marco y los lineamientos para una acción multisectorial que atienda el problema de la falta de empleo decente, de prioritaria atención para el Gobierno.

Con esta política, el Estado peruano promoverá las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que los trabajadores puedan acceder en igualdad de condiciones, y libres de cualquier discriminación, a un trabajo decente y productivo.

La norma establece como características del empleo decente: el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales; acceso a un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; el trabajo sin ningún tipo de discriminación, principalmente de género.

También, el disfrute de jornadas laborales reguladas y descanso periódico; acceso a seguridad en el trabajo; acceso a la protección social y a la seguridad social; y el diálogo social tripartito.

El documento tiene seis objetivos prioritarios, 27 lineamientos y 55 servicios que deberán ser desarrollados por los sectores y las entidades de los tres niveles de gobierno.

Los objetivos son: incrementar el capital humano de la población en edad de trabajar; fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral; incrementar la generación del empleo formal en las unidades productivas; ampliar acceso a la seguridad social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores; fomentar la igualdad en oportunidades de empleo; y fomentar un entorno social e institucional adecuado.

“Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable”, señala el PED.

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