Negociación colectiva estatal costaría hasta 6.228 millones de soles anual
MEF señala que norma generaría un desorden para más de 2.500 entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.
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La ley de negociación colectiva en el sector público, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, generaría un costo adicional a los recursos públicos de entre 2.368 millones de soles y 6.228 millones de soles, así lo estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según sostiene el MEF, este cálculo proviene de los acuerdos colectivos y laudos arbitrales registrados en la Planilla Única de Pagos (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP). No obstante, la entidad advierte que este monto podría ser mayor.
“La Ley de Negociación Colectiva aprobada por el Congreso afecta directamente a los gobiernos subnacionales, debido a que tendrá consecuencias en la realidad económica y financiera y redundará en una menor dotación de servicios públicos a la ciudadanía”, detalla el MEF.
El despacho que lidera Waldo Mendoza también agregó que esta norma generaría una negociación colectiva en forma desordenada para más de 2.500 entidades públicas en los tres niveles de Gobierno. Además, precisaron que dicha ley va en contra del principio constitucional de equilibrio presupuestario.
Asimismo, el titular del MEF adelantó que recomendará al presidente de la República, Francisco Sagasti, interponer una demanda de inconstitucionalidad a la ley de negociación colectiva en el sector público.
Por su parte, los trabajadores estatales señalan que pedirán al Parlamento que interpelen y acusen constitucionalmente al ministro de Economía por no acatar las leyes que promulga el Legislativo.
“Trabajadores reclamamos nuestros derechos eliminados”, expresaron.
Otro aspecto que critica el Ministerio de Economía de la norma aprobada es que se derogó el Decreto Legislativo N° 1442, referido a la Planilla Única de Pago para la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, herramienta que permite conocer la información de los trabajadores y los montos de pagos en el Estado.
Explicaron que esta derogación habrá inexacta información en el número total de trabajadores del sector público y montos de pagos.
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