Ledesma: “No podemos seguir premiando a empresas, como Telefónica, que no pagan impuestos”

María Elena Castillo

Análisis. Ledesma señala que los magistrados deben evaluar el plazo razonable en cada caso. Foto: Antonio Melgarejo/La República
Análisis. Ledesma señala que los magistrados deben evaluar el plazo razonable en cada caso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Para la presidenta del Tribunal Constitucional el caso Telefónica “evidencia la mala práctica de las empresas y los abogados que defienden este tipo de casos”.

La magistrada instó al Congreso a legislar para corregir esta situación. Señala que este fallo no es precedente para otros casos y en cada uno se debe evaluar si se justifica o no que se hayan excedido del plazo razonable. Considera que el pleno del TC debe debatir públicamente estos expedientes.

-Usted votó en contra de la demanda de Telefónica para que no le cobren los intereses por mora. ¿Qué fundamentos tuvo?

Primero hay que ubicar el caso en todo su contexto. Estamos hablando de una deuda que tiene casi 20 años discutiéndose su cobro. Es una deuda tributaria del año 2000-2001, y que según información que dio Telefónica en la audiencia pública, está en discusión 582 millones de soles de deuda capital, 852 millones de intereses legales y 729 millones de intereses por mora. La historia del caso es que Telefónica, con justo derecho, está en el Poder Judicial impugnando la deuda capital y los intereses legales; sin embargo, ha partido esta discusión y ha traído parte para que sea de conocimiento del Tribunal el extremo que los intereses generados por la mora de la administración tributaria en ver su caso, no se le cobre.

-¿Puede partir un proceso? ¿No tiene que esperar que culmine en la otra instancia?

El caso Telefónica evidencia, lamentablemente, la mala práctica de las empresas y los abogados que defienden este tipo de casos. Ya es hora de que en el país se discuta la posibilidad de sancionar a las empresas e inclusive a los abogados que promueve dilaciones e impugnaciones injustificadas, como es este caso de Telefónica. Porque no solo es ella, hay miles de empresas que están en la misma lógica, y es que cuando tienes una obligación tributaria que no declaras o declaras mal, lo único que tienes que hacer es buscar un abogado que cuestione a la Sunat, que apele al Tribunal Fiscal y que dilate la discusión. Y mientras sucede eso no pagas ni un sol. Telefónica hace 20 años que no paga al Estado esta deuda capital ni los 852 millones de soles que se están discutiendo en el Poder Judicial.

-¿Cómo no ha pagado en 20 años?

Porque utilizan los mecanismos legales, que son muy flexibles y permeables. Esa es una tarea del Congreso, debe revisarlas y corregirse el problema. Hace 20 años que Telefónica no paga su deuda, y solo se ha dedicado a buscar un buen equipo de abogados que se dediquen a cuestionar e impugnar y mientras tanto ni un sol.

-Cuando un ciudadano común no paga los impuestos le embargan su casa y así se cobran, ¿no pueden hacer lo mismo en este caso?

La Telefónica se ha blindado tanto que ha logrado en el Poder Judicial medidas cautelares para que no la embarguen. Eso ya no es tema del Tribunal, pero para que veas la dimensión de protección. No podemos seguir con este modelo de, en cierta manera, premiar a las empresas que no paguen sus impuestos, que se cobijen bajo artificios legales, y de abogados que se presten para ello. El honorario del abogado es un porcentaje de lo que evita que pague al Estado y eso es un efecto pernicioso. En otros países el ejercicio profesional debe tener un mínimo de ética. En la Constitución hay un artículo que no han recordado, y es que se prohíbe el abuso del derecho. Y acá, considero que hay un ejercicio abusivo de parte de estas empresas que no pagan sus impuestos, utilizan impugnaciones, buscan abogados que se presten a sus intereses.

-Ayer el ponente del caso, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, dijo que la sentencia del TC se refiere solo al pago de los intereses por la demora del Tribunal Fiscal, no por la deuda capital.

Efectivamente, el Tribunal Fiscal tiene legalmente un año para resolver una apelación, en la SUNAT se tiene seis meses para resolver las reclamaciones y el coactivo también tiene plazos para cobrar. En otras palabras, hay plazos para ejercer esos derechos. La Telefónica dice que el Tribunal Fiscal se ha demorado más de un año que es plazo legal y por lo tanto el exceso, que asciende a 729 millones, no me deben cobrar. Los argumentos que han dado la mayoría (de los magistrados) llegan a la conclusión de que no se les va a cobrar los 729 millones. Esto en base al argumento central de que la administración se ha demorado y la empresa no puede asumir este costo. Dicen que la única manera en que podrían demorarse tanto y se exija el pago, es cuando esta demora es razonable.

-¿Cuándo es razonable?

Lo es bajo tres circunstancias: que el caso haya sido complejo; preguntarnos cuál ha sido el accionar de los funcionarios del Estado, si han sido diligentes o no; y preguntarnos por el accionar del deudor contribuyente, si ha sido diligente o ha puesto trabas en el camino. En lo personal, pienso que cobrar una deuda de 582 millones de soles, que exige ciertas liquidaciones y fraccionamiento, no es un tema sencillo, no es como cobrarle mil soles a un contribuyente. Otros magistrados dicen que es sencillo, bueno.

-¿Y en los comportamientos?

También hay que analizarlos. La administración tiene que ser diligente, en eso yo les doy la razón, pero hay que mirar el tema en toda su dimensión. El contribuyente no ha pagado ni un sol de la deuda, solo se ha buscado un buen estudio de abogados que impugne y con eso dilate el pago. ¿Qué haría un empresario con 582 millones de soles en 20 años que no ha pagado nada? Es un capital libre, sin cuestionamiento. Y por otro lado, ¿todos los contribuyentes tenemos la posibilidad de contratar un estudio jurídico de abogados para que nos defienda ante la Sunat o el Tribunal Fiscal? Evidentemente que no. El contribuyente de a pie, el de la bodega no tiene el dinero para pagar abogados. No estamos hablando de igualdad.

-A la bodega si la acotan y la embargan

Porque no tiene los recursos para contratar un estudio de abogados y su deuda no es millonaria. Si el estudio cobra un porcentaje de la deuda que le evitan pagar, no es lo mismo cobrar sobre mil soles al bodeguero, que sobre los 582 millones que Telefónica le debe a la Sunat, sobre todo si encima le agregan honorarios de éxito. En estos tiempos de pandemia nos estamos mirando cómo somos como sociedad, y acá lo que vemos es que se busca evitar pagar, dilatar, y se premia al que lo logra.

-¿Las acciones de telefónica para no pagar por 20 años, no es una dilación que afecta el plazo razonable?

Utiliza la debilidad de la administración pública, de funcionarios que no son diligentes, para lograr un beneficio, que es evitar pagar. Pero esto debe ser abordado en el Congreso. No podemos seguir manteniendo esta lectura donde impugno, no pago, me busco un buen abogado para hacerla larga y no seguir pagando. Eso solo lo puede hacer una empresa que tiene la capacidad de sostener un estudio jurídico. ¿El común ciudadano acaso tiene esa posibilidad? Además, la idea central debe ser que todas las empresas y los ciudadanos, todos debemos sostener el gasto público del país, sin distinciones, y evitando el abuso del derecho que se está haciendo acá.

-Uno de los argumentos del doctor Espinosa-Saldaña es que el fallo sirve también para evitar que se afecte a una persona natural por la demora del Estado.

El magistrado habrá evaluado esas posiciones. Yo no voy a responder sobre sus criterios. Lo que sostengo es que tanto las empresas como las personas naturales tienen el deber de contribuir y asumir los gastos públicos del país, y ejercer sus derechos evitando el abuso del derecho de recursos e impugnaciones. Insisto, hay que mirar el problema en toda su dimensión. Hay que decirlo claramente: La Telefónica hace 20 años que no paga el capital, ni los intereses legales, y ahora ha venido a pedir que no le cobren los intereses moratorios, que por cierto ya ganó. Pero todo el problema es que acá hay contribuyentes que no pagan sus impuestos, impugnan, dilatan, demoran, aprovechan la ineficiencia de los funcionarios estatales, y al final no hay ni un sol en el erario. Y estamos hablando solo de la Telefónica como un ejemplo, porque hay miles de empresas en la misma situación.

-¿Era urgente resolver el caso de Telefónica?

Nosotros tenemos el caso Medina de Baca, que es una persona natural que la Sunat le va a cobrar, pero no es igual que el caso Telefónica, pues había un cobro coactivo, que ya estaba en ejecución. En cambio, para Telefónica ni siquiera tiene la posibilidad de ser tocada, porque en el Poder Judicial tiene medidas cautelares a su favor, lo han blindado con una medida de no innovar, es decir, para que no le pase nada hasta que se termine de discutir judicialmente la deuda. No puedo equiparar y decir que el caso Medina de Baca es igual al de Telefónica.

-¿La sentencia del TC que saldrá a favor de esta empresa se aplicará a otras?

Todas sostienen la misma lógica: no pago correctamente, declaro mal, evito pagar y me busco un abogado que la haga larga, y mientras tanto, tengo ese capital líquido para trabajar. ¿Qué no puede hacer un empresario con 582 millones a 20 años sin pagar nada? Pero cada caso es diferente. Hay que ver si el exceso de plazo razonable tiene sustento. Si la causa era compleja, si se entregó la información, etc. Se debe evaluar en cada caso si se justifica el no haberse cumplido el plazo legal y si estuvo correcto que se haya extendido. Eso está en función de si la materia es compleja, si el deudor o el funcionario fueron diligentes. Esperemos que en los otros casos, los magistrados lo evalúen así.

-Uno de los argumentos para darle la razón a Telefónica era que no se respetó el plazo legal ¿Un año no era suficiente?

El Tribunal ha dicho que la demora en el plazo legal no se paga. Pero permíteme explicarte. El legislador ha dicho que en un año el Tribunal Fiscal debe resolver el caso, pero esos plazos no tienen un sustento en la realidad. Pudo haber dicho tres días o tres años, pero dijo un año. Pero ese plazo debe tener, por lo menos, una contrastación empírica que pueda ser viable. Por ahí casos que pueden ser complejos, o que los funcionarios no hayan trabajado, entonces se vería si es o no razonable extender los plazos. Y te pongo un ejemplo paradójico de lo que pasa en el Tribunal. El legislador dice, en el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, que nosotros debemos resolver los habeas corpus en 20 días, ese el plazo legal. Desde que he entrado al Tribunal, solo en tres casos se ha resuelto en ese tiempo, en el 65% de los casos se resuelve en más de un año. Y esto porque a veces es imposible de cumplir los plazos legales. Por ejemplo, a veces las propias partes no han señalado su domicilio, no han aportado los pedidos que se le hace, entre otros. Por eso no se cumple el plazo. Y eso es lo que tendría que verse en cada caso concreto, en cada deudor tributario, por qué se está demorando el caso.

-Este caso se debatió a puertas cerradas ¿por qué no se hizo de forma público como otros casos desde que usted preside el TC?

Tengo la idea de que cuando está en discusión intereses generales, como el pago de tributos que tienen que ver con los gastos públicos del Estado, no debe ser una discusión reservada, al contrario, debe ser un gran pretexto para poder hablar a viva voz, y decir por qué sí o por qué no se va a amparar el derecho. Lamentablemente mi voz es casi solitaria en el Tribunal. La mayoría dice que debe ser reservado porque afecta la independencia del juez, porque se ve amedrentado por la opinión pública y una serie de argumentos.

-¿Quiénes están en contra de hacer públicos los debates?

Hay un sector de magistrados que no quiere que los debates sean públicos. Somos tres que apostamos por la publicidad en la deliberación: Carlos Ramos, Eloy Espinosa Saldaña y yo. Hay que decir las cosas directamente. ¿Por qué tener miedo si uno tiene el argumento para sostenerlo? Pero lamentablemente somos minoría. Pero yo creo que estos temas deben abrirse al debate público porque son intereses generales y no privados, que van a servir para asumir los gastos del Estado, con mayor razón en este momento de crisis, y por lo tanto todos los debates en el tema tributario deberían ser públicos. Voy a plantearlo cada vez, aunque se pierda por la mayoría que no quiera.

-Como aún no se ha hecho pública la sentencia, ¿en el caso de Telefónica ya no hay marcha atrás?

No. Ya está circulando la sentencia para la rúbrica, y a más tardar el lunes terminarán de juntarse las firmas digitales de los magistrados. Las decisiones en el Tribunal se toman por número de votos, por mayoría. Esa es la decisión oficial, la que se debe respetar y la que yo anuncio, aunque yo no estoy en esa lógica, sino en la posición minoritaria.

-¿Y el Congreso puede hacer al respecto?

Claro, y este debe ser abordado no solo por el actual Congreso sin o por las futuras gestiones, ya que estamos cerca de las elecciones. ¿Vamos a seguir con esta situación anómala para el cobro de los tributos? ¿Vamos a seguir aceptando que los deudores solo impugnen, la hagan larga y luego digan que no pagan por la demora? Esa es la gran pregunta que debemos plantearnos. Telefónica es el pretexto para mostrarnos y enrostrarnos cómo no se están pagando los impuestos.

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