Doe Run pasará a proceso de liquidación ordinaria

Ayer pobladores de La Oroya bloquearon parte de la Carretera Central en exigencia de la adjudicación del complejo metalúrgico que yace en esta ciudad a los trabajadores de Doe Run Perú (DRP).

A la par en Lima, ayer se instaló la junta de acreedores de la empresa, se recibió el informe del liquidador y fue reprogramada para el próximo miércoles 9 de este mes.

Con el pasar de las horas, la fuerzas del orden lograron desbloquear la principal vía de acceso terrestre al centro del país; sin embargo, el paro continúa.

Nuevo escenario para DRP

Un hecho relevante y que pasó inadvertido en el ya histórico proceso de liquidación de Doe Run es que el proceso de liquidación en marcha (que supone que parte de sus trabajadores aún realicen faenas) venció el pasado 18 de noviembre. Esto es irrevocable por ley concursal y ya tuvo una ampliación debido a la pandemia.

De esta manera, la junta de acreedores acordará la aprobación de un nuevo convenio de liquidación en el marco de una disolución y liquidación, explicó a este medio Luis Sierralta, representante del liquidador concursal Alta Sierra Asesores y Consultores.

Este escenario de liquidación ordinaria implica que continúa el proceso de venta de los activos de DRP, como son el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza (UMC), pero, además, concluye el vínculo laboral de 1.700 trabajadores, de los cuales 200 realizan hoy trabajo efectivo.

Asimismo, y no menos importante, es que a partir de la aprobación de este nuevo convenio se corta la deuda laboral con los trabajadores, que desde el 2012 suma US$ 109 millones, aunque la deuda –por el mismo concepto– reconocida por el Indecopi es de US$ 42 millones.

Dación en pago

En el caso del CMLO, el crédito laboral (trabajadores) suscribió con el anterior liquidador, Carrizales, un convenio en el cual su deuda iba a ser cobrada con acciones de esta unidad productiva.

Sin embargo, esto a la fecha aún no ha podido ser concretado porque los dirigentes laborales no cancelan el pago del IGV (US$ 7 millones) y cerca de US$ 16 millones por concepto de impuesto a la renta de quinta categoría, detalló Sierralta.

“Para hacer la dación en pago se necesita tener el cierre financiero”, aseveró.

Asimismo, recordó que de los 2.499 trabajadores de La Oroya, solo el 52% está de acuerdo con la dación en pago y un 48% desea su dinero en efectivo, producto de la deuda que DRP tiene con ellos.

El caso de Cobriza y la liquidación

Hacia fines de octubre último, se realizó el proceso de venta directa de la mina Cobriza, resultando como ganador la empresa china Andes Natural Resources Group al ofertar US$ 20,1 millones, más IGV. Empero, la empresa no cumplió con el pago de la garantía y el concurso se declaró desierto.

Bajo ese escenario, el nuevo proceso de liquidación ordinaria supondrá un nuevo concurso por los activos de Doe Run. “Los procesos de liquidación y disolución son rápidos, pero dependen de las condiciones del convenio de liquidación, que se prepara para adecuarse a la realidad existente”, refirió Luis Sierralta.

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