Polémica por ley de negociación colectiva estatal

La decisión del Congreso de derogar el Decreto de Urgencia 014-2010 genera la aprobación de 1,5 millones de trabajadores del sector público que esperan una mejora económica en sus remuneraciones y mejores condiciones laborales.

Sin embargo, entidades del Estado, como las municipalidades, ven esta decisión como un riesgo que perjudicaría la ejecución de sus presupuestos.

Los trabajadores fueron afectados por el Decreto de Urgencia 014-2010, que limitaba la negociación colectiva económica y no económica, por lo que están de acuerdo con la decisión del Pleno del Congreso de derogar lo que consideran es una “norma antilaboral”.

Si bien la negociación colectiva para elevar los salarios es un derecho laboral, ello no podía hacerse desde hace décadas, porque el propio Gobierno en su artículo 6 de la Ley del Presupuesto Público lo prohíbe.

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), pidió al Congreso seguir en la línea de apoyo a los trabajadores y eliminar ese artículo hoy en el Pleno a la hora de aprobar el presupuesto para el año fiscal 2021.

Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, añade que el Tribunal Constitucional (TC), en dos oportunidades, se pronunció a través de sentencias señalando que es inconstitucional prohibir la negociación colectiva de mejoras salariales de los trabajadores en el Estado.

Además, de los cerca de 1,5 millones de trabajadores estatales, solo el 16% pudo realizar acuerdos colectivos, pero que no son de materia económica sino para mejorar las condiciones de trabajo. “Al restringir el Ejecutivo cualquier incremento salarial vía negociación colectiva, en la practica desincentiva la afiliación sindical”, anotó.

El exministro de Trabajo Javier Neves fue tajante y dijo que el DU 014 era inconstitucional, pues impedía las negociaciones colectivas en el Estado.

Neves demandó al Parlamento elaborar una nueva ley como ordena el Tribunal Constitucional, en concordancia con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual concilie “el derecho fundamental a la negociación colectiva con el deber del Estado de tener un presupuesto equitativo y equilibrado”.

AMPE pide observarla

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) mostró su preocupación por la decisión del Congreso, pues generaría la quiebra de varios municipios.

Por ello, pidió al Ejecutivo que observe la derogatoria. “Esta decisión lleva al desequilibrio económico de los gobiernos locales con una reducción del presupuesto de S/ 1.300 millones a nivel nacional”, dijo Álvaro Paz de la Barra, presidente de la AMPE.

Urge debate técnico para la negociación colectiva

El exviceministro de Empleo Fernando Cuadros también pidió que el Congreso trabaje una norma sobre negociación colectiva a través de una mesa técnica en donde participen todos los actores involucrados.

Declaró que uno de los errores del D.U. del Ejecutivo fue que el MEF era juez y parte, ya que el incremento iría en función del Informe Económico Financiero que este último elaboraba, lo cual deslegitimaba la negociación. Por ello, sugirió que este documento sea hecho por un tercero neutral, para que sea más transparente.

“Tendría que ser un debate técnico que busque equilibrar el ejercicio pleno de los derechos colectivos por parte de los trabajadores del Estado y, a su vez, mantener el orden en las finanzas públicas”, acotó.

Las cifras

22 de enero, el Ejecutivo promulgó el DU 014.

16% de los trabajadores públicos negocia colectivamente pero en materia no económica.

S/ 1.300 millones se reduciría el presupuesto de las municipalidades (AMPE).

Reacciones

Javier Neves, exministro de Trabajo

“El Congreso derogó el inconstitucional Decreto de Urgencia 014-2020 que, con la excusa de regular la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, en verdad la impedía. Ahora deberá abocarse a elaborar una nueva ley”.

Álvaro Paz de la Barra, presidente de la AMPE

“Con esta derogatoria peligra el funcionamiento de los municipios. Esta decisión lleva al desequilibrio económico de los gobiernos locales con una reducción del presupuesto de S/ 1.300 millones a nivel nacional”.

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