Denunciarán penalmente a gerentes de empresas por distorsión de tarifas eléctricas que afectan a consumidores y jubilados

Rumi Cevallos

rumi.cevallos@glr.pe rumicef

24 Sep 2020 | 19:36 h
Raúl Canelo, abogado de jubilados y fonavistas.

Raúl Canelo, abogado de los jubilados de la ONP, señala que además pedirán la devolución de todo lo que las familias peruanas pagaron para subvencionar a las grandes empresas.

PUEDES VER: Entrevista a Raúl Canelo en RTV Economía.

La Federación de Jubilados a la ONP y Fonavistas del Perú, denunciará penalmente a los gerentes de las empresas que se benefician con la compra de energía subsidiada por los clientes residenciales y que causa un grave perjuicio económico a las familias usuarias del servicio eléctrico y a los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones.

“Se está subvencionando con el dinero de los peruanos, en los recibos de electricidad, a las grandes empresas”, afirmó Raúl Canelo, abogado de la citada federación, en entrevista con RTV Economía de La República.

Por ello, Canelo, abogado de los jubilados, dijo que además pedirán la devolución de todo lo que las familias peruanas pagaron para subvencionar a las grandes empresas a través de sus recibos de electricidad.

El abogado recordó que, aunque la distorsión debe eliminarse con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anula la vigencia del D.S. 043 del año 2017 dado por el Ministerio de Energía y Minas, la norma aún se mantiene vigente, pese a la decisión del máximo ente del Poder Judicial.

“Se genera una grave distorsión, lo cual hace que 7,5 de familias paguen entre 5 y 10 soles más en sus recibos mensuales, y esto es grave porque significa que con ese pago que hacen los ciudadanos se está subvencionando la electricidad que reciben las grandes empresas”, señaló el abogado.

PUEDES VER: Entrevista a Raúl Canelo en RTV Economía.

Reiteró que esa distorsión en las tarifas se genera en la citada norma declarada nula por la Corte Suprema, pero que hay fuerzas poderosas que buscan se mantenga y que, hasta el mismo Ministerio de Energía y Minas, todavía la mantiene vigente.

Señaló de acuerdo a la Ley 26319, se determina que el 100% de las acciones de Electroperú le corresponde al Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu) y a su vez este fondo fue transferido al Fondo Consolidado de Reservas de la ONP, para incrementar los beneficios de los jubilados, el pago de los jubilados. Pero con la vigencia del D.S. 043 del MEM, Electroperú no tiene utilidades y al no tenerlo no se les paga. Sostiene que Electroperú perdió S/ 500 millones que debió entrar como utilidad al Fonahpu, al Fondo Consolidado de Reservas y de allí a los jubilados directamente.

Según el abogado, el mecanismo empleado por un grupo de generadoras termoeléctricas a gas, les permite declarar un costo de producción falso, mucho menor a su costo real de producción. Luego las empresas dueñas de las termoeléctricas a gas, compran energía muy barata en el mercado mayorista de generación (SPOT) donde adquieren energía al precio que ellos mismos fijaron, para venderla a sus clientes industriales y comerciales a un precio muy por debajo del valor real de producción, y con ello tienen grandes ganancias.

De esta manera, señaló a través de los años de vigencia de esta norma han comprado energía barata producida por sus competidores (hidroeléctricas y renovables) para revenderla a las grandes empresas. Sostuvo que son unas 2.500 empresas las que gozan de tarifas por debajo del costo real de producción que son subvencionadas por los 7,5 millones de familias peruanas en sus recibos de electricidad.

Raúl Canelo es entrevistado en RTV Economía por Rumi Cevallos.

“Pierden los ciudadanos, pierden los jubilados, y se benefician unas cuantas empresas especuladoras, que además hasta el año 2032 han comprado barato la electricidad de Electroperú y de otros productores de luz y luego venden a los grandes consumidores como bancos, centros comerciales, compañías mineras, a un precio mucho menor de lo que cuesta producir”, señaló.

Canelo también dijo que demandarán penalmente también a quienes dieron la citada norma que es un robo a las familias peruanas para beneficiar a las grandes empresas con menores tarifas de electricidad.

“Todos están en convivencia, en asociación, y vamos a denunciar a los gerentes de las empresas que compran y a los gerentes de las que venden y también a los autores del Decreto Supremo 043 del MEM del año 2017, a los funcionarios públicos que permitieron el robo”, precisó.

Indicó que con la distorsión tarifaria que genera la norma se benefician 3 o 4 empresas termoeléctricas que producen con gas. “Con esta distorsión en las tarifas se produce un gran robo a los jubilados y además las familias peruanas están subsidiando las tarifas eléctricas de las grandes empresas”, insistió.

Recordó que enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Lecaros, para no variar lo que ya es cosa juzgada, toda vez que desde el ministerio de Energía y Minas habrían pedido la revisión de ese fallo.

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