Scotiabank prevé un rebote más conservador de la economía peruana entre el 2021-2024

15 Sep 2020 | 15:28 h
Foto: Difusión.
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Mientras que la posibilidad de converger hacia una situación fiscal normal y estable se daría recién en 2022, si el nuevo Gobierno aplica medidas tributarias adicionales y oportunas.

Según las últimas proyecciones del Gobierno, reflejadas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la economía peruana caerá 12% este año, pero se proyecta un crecimiento de 10% en el 2021 y de 4,5% para el período 2022-2024. No obstante, el documento advierte que los números finales dependerán del impacto de COVID-19 en las finanzas públicas.

Al respecto, el Reporte Semanal emitido este martes por Scotiabank informa que si bien las tasas de crecimiento estimadas “son niveles alcanzables, pero dada la visibilidad tan baja para este periodo, con varios factores de riesgo, no es difícil imaginarse escenarios más conservadores”.

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Frente a ello, refiere que un aspecto crucial en la trayectoria de las finanzas públicas tiene que ver con la velocidad con que se recupera la recaudación fiscal. Así, la senda para “converger” hacia una situación fiscal normal y estable, que señala el MMM, no empezaría hasta el 2022, el cual además necesitaría de “medidas tributarias adicionales”, aunque sin especificar cuáles son.

“Al parecer, se dejará que la definición de estas medidas adicionales sea tema de preocupación para el próximo gobierno. El problema es que, mientras no exista claridad al respecto, cualquier proyección fiscal entre el 2022 y el 2024 tendrá mucho de especulativo”, indica el Reporte Semanal.

Financiamiento fiscal

El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) revela que el financiamiento fiscal que se necesitaría entre el 2020-2021 alcanza los 17,5% del PBI, por lo que propone que alrededor de 5,8% de este financiamiento provenga de recursos que ya tiene el Tesoro. Así, buena parte de los recursos que se requerirán en el 2020-21 provendría de la emisión de bonos.

Según estimamos, esto incluiría 6,2% del PBI de bonos soberanos (en soles) y 3,0% de bonos globales. Esto último incluye 3 mil millones de dólares (1.4% de PBI) emitido en abril de este año. Quedaría por emitir, probablemente en los próximos 12 meses, unos 3 mil millones de dólares más de bonos globales, y la totalidad de los bonos soberanos. Adicionalmente a la emisión de bonos, el MMM incluye como fuente de financiamiento el equivalente a 1,9% del PBI en préstamos multilaterales.

Dado el grado de incertidumbre que existe en la evolución de la economía, de la pandemia, del quehacer político, y de las iniciativas económicas del Ejecutivo y del Congreso, existe una probabilidad más alta de lo normal de que estas cifras varíen en forma material en el futuro.

“El MMM parece reconocer esto, y alerta acerca de varios riesgos. Un riesgo es que se está reduciendo el espacio fiscal para políticas expansivas en el futuro. Se está disminuyendo el nivel de activos financieros disponibles, en particular el Fondo de Estabilización Fiscal, que sirven de respaldo en momentos de emergencia. Adicionalmente, el incremento de la deuda pública implica mayores pagos de intereses, lo cual puede agravar la preocupación fiscal en el futuro cuando las tasas de interés globales empiecen a subir, regresando a niveles históricos”.

El MMM advierte sobre lo estrecho que es la senda de convergencia fiscal, de manera que una desviación podría generar una deuda más alta. El MMM presenta un escenario en que la deuda pública podría alcanzar el 50% del PBI, por ejemplo. Finalmente, detalla las contingencias que se han producido por juicios con el Estado. Los pasivos contingentes ascendían a 10,8% del PBI al cierre del 2019, con 7,1% proviniendo de procesos judiciales y arbitrajes, 1,8% de controversias internacionales respecto de proyectos de inversión privada y 1,9% de contratos APP (Asociaciones Público-Privadas). “Es claro que el Estado necesita elaborar con mucho más cuidado los contratos con el sector privado, y tiene que honrarlos una vez firmados. En particular, el Estado necesita resistirse a la tentación de interferir en los contratos y procesos de inversión por razones políticas. El costo en el mal manejo de contratos y procesos de inversión de parte del Estado es alto”, finaliza el reporte.

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