ONP: Jubilados piden pensión para los que no aportaron 20 años

La ley que podría permitir el retiro extraordinario de aportes a la ONP así como la devolución del 100% de las contribuciones para aquellos que no lograron depositar por 20 años –que podría aprobarse la próxima semana en el Pleno del Congreso– no solucionaría un problema de fondo en el sistema nacional de pensiones.

Oscar Alarcón, presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas (Cenajupe), asevera que los parlamentarios deberían apuntar a dar luz verde a una norma que permita la prestación mínima para aquellos que aportaron solo 5, 10 o 15 años.

Si bien señaló que los motivos que impulsan la ley son legítimos en un contexto de alto desempleo y poca asistencia del Gobierno, pues incluso un 60 % de sus asociados no lograron aportar por 20 años y actualmente no reciben pensión, se debió priorizar una ley que elimine el aporte mínimo a la ONP.

"Las bancadas están impulsando leyes motivados por la campaña política y no analizando el verdadero problema que es que, ante la crisis económica, muchos otros no podrán completar los 20 años de aporte y no recibirán pensión en el futuro", acotó.

La preocupación de la Cenajupe está respaldada también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pablo Casalí, especialista en Protección Social de dicha organización, opinó –en diálogo con La República– que existe otro espacio institucional donde se inició el debate sobre la reforma pensional donde debería analizarse a fondo el problema de la ONP.

"Es precisamente en esa instancia donde se deberá abordar la necesidad de promover un sistema de pensiones que garantice una cobertura universal, con prestaciones suficientes, y además prestaciones reducidas para quienes no logran acumular los años de contribución que la ley exige, en línea con el Convenio 102 de la OIT sobre norma mínima de seguridad social", dijo.

Para Casalí, el COVID-19, también, ha revelado las distintas deficiencias del sistema de protección social, como por ejemplo la ausencia de un mecanismo de protección al desempleo que funcione como política anticíclica frente a una crisis de empleo de esta envergadura, dijo.

Las inequidades

Se debe recordar que, a finales de marzo, cuando apenas se cumplía un par de semanas del inicio de la cuarentena en el país, el gobierno dio dos noticias a los aportantes y exaportantes del sistema privado de pensiones: la suspensión de aportes en abril y el retiro de hasta S/ 2.000 para quienes habían dejado de depositar en los 12 meses previos. Estas iniciativas buscaron aliviar la crisis económica que ya se presentía y que –a tres meses del confinamiento– se siente aún más.

Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones esperaron anuncios similares. En abril, fue la ministra de Economía María Alva quien habló de un subsidio a los aportantes de la ONP. Pero transcurridos casi 90 días, el Estado no ha emitido ningún decreto de urgencia al respecto.

Así lo recoge la exposición de motivos del dictamen que la Comisión de Economía del Congreso aprobó el último jueves en la madrugada, y en el que se propone la devolución del 100% de aportes a los afiliados de la ONP que tengan más de 55 años de edad y no hayan logrado llegar a los 20 años de contribuciones (lo mínimo que se necesita para lograr una pensión mensual de S/ 500).

También se autoriza el retiro extraordinario de hasta S/ 4.300 para los aportantes activos de la ONP.

La iniciativa –que tiene apoyo de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso así como Podemos Perú– tendría que financiarse con más de S/ 7.438 millones, según aproximados de especialistas.

Según Anthony Novoa, presidente de la comisión de Economía, dicho monto se cubriría con lo que los aportantes del sistema nacional (que suman más de 1,2 millones) contribuyen mensualmente.

No obstante, datos de la ONP revelan que esas contribuciones suman –al segundo trimestre del 2020– solo S/ 3.433 millones. La diferencia tendría que ser cubierta por el Tesoro Público.

David Tuesta, exministro de Economía y quien trabajó en la Comisión de Protección Social del 2017, sostuvo que de aprobarse el dictamen en el Pleno, la ley podría declararse inconstitucional pues el Legislativo no puede proponer iniciativas de gasto.

Pero más allá de eso –dijo–, el contexto del COVID-19 ha hecho más evidentes las inequidades de ambos sistemas previsionales. “Con una AFP que permite cuentas individuales y no te obliga un tope de aportes, frente a una ONP donde debes contribuir por 20 años y todo va a un fondo solidario con el que cubres las pensiones de otras personas”, aseveró.

Generándose así la "injusticia" de que solo los afiliados al sistema privado puedan acceder al retiro.

"Y ahora esas inequidades, el Ejecutivo, políticamente, las tendrá que afrontar", señaló.

"Una medida de control de daños que podría evaluar el Gobierno es proponer un retiro más conservador, quizá la cuarta parte de lo que el Congreso busca o algún bono específico con algunos criterios podría ser la salida. Pero una insistencia del Legislativo quizá termine obligando al Gobierno a aplicar o aceptar la norma", agregó.

A la fecha, la ONP aún no se ha pronunciado respecto al dictamen.

“Se debe garantizar seguridad económica”

Según Pablo Casalí, especialista en Protección Social de la OIT, los fundamentos del dictamen del Congreso no se discuten en cuanto se intenta compensar la disminución o interrupción de los ingresos de los trabajadores producto de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, también afirmó que la iniciativa impulsada por diversas bancadas podría, eventualmente, poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones y el pago de las prestaciones a los pensionistas presentes y futuros.

“De aprobarse, la sostenibilidad del sistema dependerá de un mayor auxilio del Tesoro Público”, advirtió Casalí.

Por ello, reiteró la necesidad de aplicar otras medidas económicas, como aquellas que compensen la falta o reducción de ingresos y políticas activas de empleo que permitan una rápida inserción laboral, frente a un contexto de crisis.

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