Tarifas de clínicas endeudan de por vida a pacientes

23 Jun 2020 | 6:04 h
Un mes después de las primeras denuncias de las tarifas en clínicas, el ambiente no ha cambiado. Continúa el martillazo contra la economía de los pacientes con COVID-19. Foto: John Reyes.

Negociazo. Un infectado por coronavirus puede terminar debiendo hasta S/ 700 mil por internarse en la UCI de una clínica. Según constitucionalistas, es legal regular estos cobros. En mayo, el Ejecutivo excluyó a los privados de la rectoría del Minsa. Mientras tanto, el SIS y la Asociación de Clínicas aún no suscriben un contrato en la tarifa del intercambio prestacional.

Por: Karla Cruz y Diego Quispe

José Tovar Reynoso, de 69 años, derrotó al coronavirus, pero arrastra una deuda impagable de S/ 700 mil con la clínica San Felipe, según relató su hijo Pablo Tovar. En principio, había acudido de emergencia al hospital Rebagliati el 17 de abril, cuando el virus lo ahogaba. Sin embargo, el nosocomio estaba colapsado. También fue al hospital Sabogal. Y la respuesta fue la misma: no hay camas. Entonces tuvo que ir a la clínica.

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“Para poder ingresar a mi padre a la cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI) tuvimos que pagar S/ 15 mil y hacerle una prueba molecular con un costo de S/ 780. Con tal que lo atiendan, pagamos”, relata Pablo Tovar. Su padre permaneció internado allí dos meses.

El sábado 20 salió de alta. Fue una alegría, pero la preocupación es la cifra facturada. “Pagar esa deuda así significaría vender nuestra casa, negocio y adquirir préstamos. Dicen que pueden hacernos un descuento, pero con eso no podría pagar ni el 10%”, reconoce el hijo de José Tovar.

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Johan Vílchez también vivió ese martirio. Estuvo dos meses internado en la clínica San Pablo por la Covid-19. Superó la enfermedad, pero su familia le debe a este nosocomio S/ 226.047.31, según su hermana Evelyn Vílchez. El pago fue fraccionado, para ello –cuenta– el jueves 18 firmaron un compromiso para pagar en 48 horas.

Al cierre de esta nota, su familia no sabía cómo cumplir con tal pendiente. Evelyn Vílchez relata que si no suscribían ese acuerdo, la clínica los demandaba por S/ 326.047.31.

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Tovar y Vílchez sobrevivieron. Pero otros no pudieron.

Perecer endeudado

El viernes último, en la clínica San Pablo, falleció William Pastorr Pérez Gutarra a los 60 años, producto del coronavirus. Lady Pérez cuenta que su papá ingresó a este establecimiento el 5 de mayo. Allí le tomaron la prueba molecular. Tres días después, los médicos le aseguraron –relata– que Pérez Gutarra no estaba infectado, que solo era un cuadro de neumonía. Pero ella verificó en la web del Instituto Nacional de Salud (INS) que no era así. Su padre estaba infectado.

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Luego del Día de la Madre, los médicos le recetaron tocilizumab, fármaco monopolizado y patentado por el laboratorio Roche. Su hija pagó S/ 5 mil por una dosis de 600 mg. Entregó el medicamento y aguardó soluciones. Sin embargo, la situación empeoró. El 12 de mayo, su padre tenía el pulmón maltratado al 95%. Fue llevado a UCI. Y ahí pasó sus últimos días.

El 19 de junio, el personal de la clínica San Pablo le informó el deceso a Lady Pérez. Había perdido a su padre y encima le facturaron S/ 400 mil. Pérez Gutarra tenía un seguro privado con la clínica por S/ 200 mil. Los ejecutivos le cobraron el monto restante. “Tienen que pagar para poder retirarlo”, cuenta la hija de Pérez Gutarra. Dice que le respondieron así cuando solicitó llevarse el cuerpo.

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Recién el último sábado, añade, cuando pagaron S/ 20 mil de adelanto, le permitieron ver a su padre. “Y a mi mamá le hicieron firmar un pagaré”, lamenta Pérez. El documento estipula que a fin de mes debe depositar S/ 20 mil y lo demás en 18 cuotas de S/ 6 mil. En total, deben S/ 155 mil.

Su madre también es asegurada en esta clínica, vive con cáncer desde el año pasado y teme que, al no cumplir con los depósitos, le anulen el seguro.

Decretos dudosos

Los testimonios recogidos asimilan que no existe regulación de las tarifas en clínicas. Cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena el 16 de marzo, emitió el Decreto Supremo 044, que incluía en su artículo 5.1 a todos los establecimientos de salud, públicos y privados, bajo la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa). Era lógico, pues el país necesitaba todos los recursos.

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Pero el 23 de mayo, con el Decreto Supremo 094, borró ese subcapítulo a cambio de prometer el incremento de la oferta hospitalaria en un plazo no mayor de siete días hábiles frente a la pandemia. El Minsa hasta la fecha no responde las razones de esos cambios.

El premier Vicente Zeballos y el ministro de Salud, Víctor Zamora, cuestionan las tarifas de las clínicas, pero del dicho al hecho hay mucha distancia. El Comando Covid-19 del Gobierno está integrado por el presidente de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Alejandro Langberg.

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Zamora alegó el mes pasado que la Constitución no permite regular las tarifas de las clínicas. Los expertos lo refutan.

Regulación es legal

Para el constitucionalista Omar Cairo, el artículo 59 de la Carta Magna es preciso: “En el supuesto que las libertades del mercado afecten a la vida y la salud, cuando resulta lesivo, el Estado sí puede establecer control de precios y servicios, pero con la finalidad de evitar la lesión de la salud pública”.

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Cairo añadió que no hay ninguna norma que diga que está prohibido el control de precios. “Solo que esta no debe aplicarse de manera permanente, sino de forma transitoria para enfrentar una situación de emergencia”, enfatizó.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) César Landa sostuvo que el artículo 59 de la Carta Magna también debe ser interpretado “a la luz de los artículos 1, 44, 58 y 65 de la Constitución que facultan al Gobierno, en aras de la salud pública en medio de una emergencia sanitaria, a regular las tarifas en las clínicas, según el artículo 118, inciso 19”.

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El abogado de Dignidad en Salud, Mario Ríos, acotó que la regulación también es permitida en el artículo 82 de la ley general de salud en la lucha contra las epidemias.

Intercambio prestacional

La otra solución es el intercambio prestacional, aclamado por el ministro Zamora desde el 20 de abril. Han pasado dos meses y aún el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Asociación de Clínicas todavía no suscriben un contrato. El 3 de junio, el SIS publicó la resolución jefatural N°050-2020 que establece las tarifas a pagar por la institución a las clínicas por la atención y hospitalización de sus asegurados.

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De acuerdo a ello, el paquete de atención Covid-19 en UCI del nivel II va desde los S/ 3.320.50 (1 días) hasta los S/ 32.795.76 (de 1 a 21 días). Para casos de hospitalización, el pago oscila entre S/ 757.39 (por 1 día) y S/ 9.651.57 (de 1 a 21 días).

El nivel III en UCI abarca S/ 3.539.65 (por 1 día) a S/ 34.960.38 (de 1 a 21 días); mientras que en hospitalización desde S/ 759.66 hasta S/ 9.680.52.

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De haber existido intercambio de servicios, los testimonios publicados por este diario hubieran podido ser atendidos en el sector privado con subsidio del Estado y no terminar cargando la pesada mochila del endeudamiento, producto de un sistema de salud colapsado.

Asociación de Clínicas se pronunció por tarifas

La Asociación de Clínicas Particulares (ACP) respondió que las imputaciones por sus tarifas desconocen “los altos costos que implican una atención calificada como catastrófica por el costo social para la ciudadanía, que corresponde sea asumido por el Estado”. Asimismo, alegó que tienen 500 pacientes que se mantendrían impagos por falta de reconocimiento de las IAFAS públicas.

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Por otro lado, señalaron que aún no suscriben el intercambio prestacional del SIS, por el cambio reciente del jefe de esta institución y de las tarifas con las que se venían trabajando, que reconocían “una tarifa social de pérdida para las clínicas”.

Paciente pierde la vida y familia arrastra deuda

William Pérez falleció el último viernes. Su familia debe S/ 115, 503.23 más cuota del mes de S/ 20 mil.

DS 044 que incluía a clínicas en la potestad del Minsa

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