CCL pide a las Municipalidades a no generar barreras burocráticas en etapa de emergencia

Cámara de Comercio de Lima.
Cámara de Comercio de Lima.

Gremio empresarial subrayó que las Municipalidades deben contribuir al cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central en el ejercicio de sus facultades constitucionales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que las Municipalidades están sometidas al ordenamiento jurídico nacional y no pueden expedir disposiciones para modificar las normas de alcance nacional que, en medio de la emergencia sanitaria, vienen siendo dadas por el Gobierno Central.

“Diversas municipalidades del país han comenzado desde abril a restringir incluso actividades autorizadas por el Gobierno Central para dar un respiro económico al país y garantizar el abastecimiento de la población. Estas municipalidades establecen barreras burocráticas ilegales e irracionales, actuando más allá de sus competencias constitucionales”, afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani.

PUEDES VER: Las 43 alternativas para un cambio automático de giro de negocio

Refirió que hay ejemplos de ello en Ucayali, donde la Municipalidad de Coronel Portillo está prohibiendo el transporte de carga, y también en Lima, donde distritos como Surquillo y, en su momento, el de La Molina, deciden aplicar una ley seca, cuando esto fue expresamente negado por el presidente Vizcarra.

En este sentido, subrayó que las Municipalidades deben contribuir al cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central en el ejercicio de sus facultades constitucionales.

El rol de las Municipalidades, dentro del marco de dichas normas, es la de colaborar con el Gobierno Central (artículo 11° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM). Es decir, los funcionarios municipales no tienen facultades para modificar dicho marco legal y mucho menos pueden realizar ninguna acción que imponga restricciones o impedimentos a una actividad económica autorizada por el Ejecutivo.

“Las Municipalidades están sometidas al ordenamiento jurídico vigente y están obligadas a respetarlo, debiendo más bien adoptar medidas para garantizar que tales actividades económicas puedan ser llevadas a cabo por el bien de la recuperación del país”, manifestó Torriani.