¿Por qué se posterga SIT Gas siendo una prioridad de gobierno?

Pese a que desde el Poder Ejecutivo se anunció como una prioridad del actual gobierno, el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas) en la zona sur del país no se encuentra dentro de los 23 proyectos que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) busca adjudicar para hasta el primer semestre del 2021.

De acuerdo a la reestructurada cartera de proyectos, el antes llamado Gasoducto Sur Peruano podría adjudicarse para el segundo semestre de ese año. Eso significa que el siguiente Gobierno tendrá la pelota.

Ya el titular de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, anteriormente señaló que el primer tramo del proyecto iba a ser adjudicado en el primer trimestre de este año, idea reforzada con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), en el que se encuentra SIT Gas en fase de formulación. Sin embargo, está en espera que la consultora Mott MacDonald entregue el cuarto informe que, a palabras del ministro, “es ya analizar el esquema de cómo se podría llevar adelante ese proyecto”, con el que se realizarían 1,5 millones de conexiones a gas en Arequipa, Cusco y Moquegua.

Demora

¿Por qué se sigue aplazando su adjudicación? “El tema fundamental no es un tema técnico”, señala Humberto Campodónico, profesor de la Universidad San Marcos. “Ya tiene 3 años el proyecto desde que se rescindió el contrato y uno de los principales problemas que hay es que existe una inversión realizada por los socios del proyecto de alrededor de 1.500 millones de dólares”, añade, refiriéndose al consorcio integrado por Odebrecht-involucrada en el escándalo internacional Lava Jato-, la española Enagás –que llevó al Estado a un arbitraje en el Ciadi– y Graña y Montero (GyM).

“Lo que tendría que suceder –si no hubiera lío político o corrupción– es que el proyecto se vuelva a licitar y se tendría que tomar en cuenta la inversión realizada en los tubos”.

Sin embargo, ahí surge el problema, dado que, del monto de la nueva inversión, se entregará una parte al anterior consorcio el gasto que realizaron. “El gobierno no quiere volver a licitar un proyecto en el cual Odebrecht, Enagás y GyM van a recibir dinero”, expresa.

Para Beatriz de la Vega, socia de energía de EY Perú, el proyecto “debería volverse a analizar, porque hay algunas connotaciones económicas alrededor”. Cuenta que el modelo concebido para el SIT Gas era el de cofinanciamiento –invierte la empresa privada y el Estado–. “Es coherente para que el Estado asuma parte del riesgo financiero del proyecto”, sostiene.

Asimismo, explica que, a la par, se debe generar una demanda para atraer al inversionista. “Ningún inversionista va a invertir para no recuperar”. Añade que con ello se debe construir el ducto, “pero este debe tener clientes que lo usen”, mencionando a Naturgy, concesionaria para la distribución del gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna. Esta empresa inició el dialogo directo con el Estado para dejar la concesión –el caso podría llegar a un arbitraje–.

“Sí, es un proyecto prioritario, pero es un punto a revisar desde una óptica estratégica, si lo miro desde el punto de vista de tener un recurso y una infraestructura que pueda generar mayor inversión, negocios y beneficios”, expresó, añadiendo que el análisis se debe incluir en el Plan Energético Nacional que solicita.

Precios caros

Justamente, los costos de traslado de gas natural en el Cusco, con Camisea, a las provincias son mayores que en Lima, donde opera Cálidda. En la capital, el gas natural es trasladado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP) hasta el City Gate de Lurín.

Según la consultora Gas Energy Latin America, el costo city gate para Cálidda es de 4,39 dólares por millón de BTU (MMBTU), monto que suma el precio boca de pozo y el de la transportadora TGP.

Esta suma también aplica para Contugas, que tiene la concesión en Ica, con un city gate de 3,84 dólares/MMBTU.

Sin embargo, para las concesionarias del norte y sur del país es distinto, dado que el traslado de gas se realiza con transporte virtual. Según Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy, este tipo de movilización del gas natural es a través de “un camión que lleva el gas microcompactado. Es carísimo, porque es un camión especial y tiene que regasificarse en una planta. Una industria que usa el gas natural bajo ese sistema termina pagando 3 veces más que la industria en Lima”. Además, este gas debe pasar por un proceso de licuefacción de gas.

Como indica el informe de la consultora, Naturgy paga 8,64 dólares/MMBTU, mientras que Quavii –con concesión en Áncash, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad– paga 8,58 dólares/MMBTU, poco menos que el doble de lo que paga Cálidda.

En el caso del suroeste del Perú, ello influye en el precio final para el sector residencial, comercial y parte del industrial, con precios poco o nada competitivos frente a otras alternativas. Solo el sector vehicular presenta ventajas considerables mayores al 38%, según la referencia de 2018. Para el 2023, la situación empeora para Naturgy.

Asimismo, hay que considerar la demanda. Humberto Campodónico señala información del Ministerio de Energía y Minas, en el que el consumo de gas natural en Lima es 542 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), pero el consumo domiciliario representa el 2%, es decir, 10,3 mmpcd. Con la generación eléctrica se consume 58%, mientras que los clientes industriales E y otros clientes industriales, 25%. Ambos suman el 83%.

En el sur, indica que la cantidad prevista es de entre 3 a 5 mmpcd.

Ello afecta a la presencia industrial en las regiones, “porque la energía es muy cara y los industriales vienen a Lima. Si no se hace antes el gasoducto para el interior del país, se va a seguir concentrando la industria (en la capital). Este país está demasiado centralizado, necesitamos que las regiones también tengan una oportunidad de desarrollo”.

7 regiones

¿Ello afectará el proyecto de masificación de gas natural en el centro y el sur (7 regiones)? Su adjudicación, de acuerdo a ProInversión, está planificada para el primer semestre de 2020. Sin embargo, con el SIT Gas en un escenario de espera, el gas natural sería trasladado en transportes virtuales, por lo que su costo podría ser elevado.

“El proyecto 7 regiones se basa también en llevar el gas por camiones, y por camiones no se puede gasificar”, expresó Gustavo Navarro.

A ello, Beatriz de la Vega añade que “ese proyecto está cerca de Bolivia, que también tiene gas. No vaya a ser que perdamos la oportunidad de monetizar nuestro recurso, con lo cual se genera más trabajos e ingresos tributarios al Perú, cuando hay otras alternativas más viales y que para un inversionista puede ser interesante evaluar”.

Para Humberto Campodónico “no puedes considerar que la masificación de gas tiene una gran rentabilidad económica. Si consideras eso, no lo vas a licitar”, debido a que la demanda domiciliaria es baja. “La rentabilidad es social y no económica”, indica.

El ideal, como señala Navarro, es el traslado por ductos, “es muy barato y permite atender el plan de volúmenes”. Sin el SIT Gas, salvo otras alternativas, el costo de traslado sería alto, sumado a una baja demanda domiciliaria. Este último proyecto, dice Campodónico, “va a ser una papa caliente” para las elecciones generales de 2021.