Entidades públicas adecuarán sus instalaciones al incorporar a personas con discapacidad
Oficina de Recurso Humanos deberá identificar a los trabajadores con discapacidad hasta el día hábil siguiente de su ingreso y brindar las facilidades para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones.
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El Ejecutivo aprobó mediante Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano los Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, aplicables en el Sector Público.
Dicha publicación señala que las Oficina de Recursos Humanos debe identificar a los/las servidores/as civiles con discapacidad hasta el día hábil siguiente de su ingreso en la entidad pública. Además, la institución pública deberá de reportar si el personal en mención cuenta con los ajustes razonables (modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, requeridas en casos particulares que sirven para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones).
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Con respecto al procedimiento para que se otorgue los ajustes razonables, la norma indica que “dentro de los dos días hábiles de identificado/a el/la servidor/a civil con discapacidad, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, le informa sobre el derecho que le asiste para requerir el otorgamiento de ajustes razonables en el lugar de trabajo”. Asimismo, señala que el servidor con discapacidad puede remitir una solicitud mediante cualquier medio para que se realicen las modificaciones.
A efectos de lo anterior, y a través de la entidad pública, de oficio o a iniciativa del servidor civil con discapacidad, la Oficina de Recursos Humanos puede requerir la asistencia de instituciones especializadas en cuestiones de discapacidad, públicas o privadas, tales como el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas), el Instituto Nacional de Salud (INS), el Seguro Social de Salud (Essalud), entre otras.
En tanto, con el fin de atender la solicitud, la Oficina de Recursos Humanos deberá emitir un informe de calificación a través del cual, se determine si el servidor civil con discapacidad requiere de la implementación de ajustes razonables.
De concluirse que el servidor civil con discapacidad requiere de ajustes razonables en el lugar de trabajo, el informe emitido deberá contener lo siguiente: a) Análisis de las barreras del puesto en el lugar de trabajo atendiendo a la situación concreta del servidor/a civil con discapacidad. b) Ajustes razonables susceptibles de ser implementados a favor, indicando el plazo razonable en el cual se encontrarán en funcionamiento y/o su implementación, atendiendo a la naturaleza del ajuste. De ser el caso, el informe incluye la fundamentación de la denegatoria de los ajustes propuestos de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la presente norma y, en atención a ello, las alternativas de ajuste que pueden reemplazar a éstos cuando corresponda.
El plazo para la emisión del informe puede ser ampliado hasta por cuatro días hábiles en caso se fundamenten complicaciones objetivas en la determinación de ajustes razonables. La norma indica, la entidad está obligada a dar el necesario mantenimiento a los ajustes razonables para conservarlos operativos a favor del servidor civil con discapacidad.
Carga desproporcionada o indebida
El Decreto Supremo menciona que “la entidad pública deniega la solicitud de ajustes razonables presentada por el servidor civil con discapacidad si el ajuste solicitado impone una carga desproporcionada o indebida”.
Para determinar la carga desproporcionada o indebida, se entiende que éstas se configuran cuando la ejecución del ajuste solicitado:
a) Resulte innecesaria porque el servidor civil con discapacidad no enfrenta barreras para desarrollarse en el puesto de trabajo, pudiendo realizar sus funciones y tareas en igualdad de condiciones que los demás servidores civiles, sin requerir adaptaciones o modificaciones a dicho puesto.
b) Aun siendo necesaria, no resulta idónea para atender el adecuado desarrollo de funciones del servidor civil con discapacidad en el puesto de trabajo.
c) Existe una alternativa al ajuste razonable solicitado, igualmente satisfactoria y menos onerosa para la entidad.
d) La asunción del costo económico del ajuste razonable solicitado, efectuada la ponderación de derechos, ocasiona una afectación mayor sobre otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.
Finalmente, los actos de denegatoria injustificada, son los siguiente:
a) No iniciar y/o dilatar las gestiones para el otorgamiento del ajuste razonable a favor del/de la servidor/a civil con discapacidad solicitante.
b) El incumplimiento injustificado de los plazos indicados en el informe elaborado por la entidad indicado en el artículo 6 de la presente norma.
c) La inacción sostenida y prolongada respecto a la solicitud de un/a servidor/a civil con discapacidad para el mantenimiento o renovación de los ajustes razonables.
d) Cuando se deniega la solicitud de ajuste razonable argumentando la existencia de carga indebida o desproporcionada sin la debida justificación.
e) No brindar alternativas a la solicitud de ajustes razonables ante la existencia de carga desproporcionada o indebida.
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