Concesión minera amenaza zona arqueológica en Apurímac, alerta CooperAcción
Al respecto, organización propone que Nueva Ley General de Minería contemple el ordenamiento territorial y el acceso a la información sobre concesiones para prevenir conflictos sociales.
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Desde mayo de este año, el número de conflictos sociales se ha incrementado en el país, pasando de 173 a 184 a octubre, según el informe de la Defensoría del Pueblo.
De ellos, el 30% estarían relacionados a una posible contaminación hídrica por la exploración minera, y otros, relacionados al incumplimiento de compromisos, entre otros aspectos.
Y es la macroregion del sur - que concentra el 48% del valor de la cartera de proyectos de construcción de minas - la que desde hace un tiempo se ha convertido en la zona de mayor conflictividad.
Es en esta zona donde podría generarse un nuevo conflicto. Y es que la Organización CooperAcción acaba de alertar que el Gobierno otorgó una concesión minera a la empresa Alto Cooper SA en Marcansaya (Apurímac), que alberga un área arqueológica.
“Es una súper concesión con sitios arqueológicos. La zona se llama Markansaya, en la zona de Haquira (Apurímac), donde también viven comunidades campesinas y ahí están las concesiones mineras. Los restos arqueológicos deberían estar protegidos y eso está ocurriendo”, señaló José de Echave, de CooperAcción.
La superposición de territorios - donde se interponen áreas protegidas y concesiones mineras, así como propiedad de comunidades - es una problemática recurrente, advierte, y se genera por la inexistencia de un ordenamiento territorial.
Superposición de territorios
Así, recordó que el año pasado también se alertó sobre concesiones en áreas ubicadas en la Montaña 7 Colores en Cusco, que actualmente es uno de los atractivos turísticos de dicha región, pero que se lograron detener a tiempo.
Ley general de minería
Ante esta problemática, desde CooperAcción proponen que la Nueva Ley General de Minería, que tendría que debatirse en el Congreso - y no aprobarse como decreto de urgencia - debería generar una política del cuidado patrimonial.
Asimismo, subrayaron que para evitar mayores conflictos sociales debería informarse adecuadamente a las poblaciones (comunidades indígenas, nativas, etc) sobre dichos permisos.
"En sus lenguas originarias y que sea de fácil acceso. Hoy solo se publican en las normas legales del diario El Peruano (diario estatal) que no llega a las zonas más alejadas del país y eso es una violación al derecho a la información”, indicó David Velazco de la organización Fedepaz.
En esa línea, De Echave indicó que la nueva Ley General de Minería debería contemplar que las consultas previas sobre desarrollo minero deberían comenzar antes de la concesión y no con la exploración.
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