FMI rebaja a 2,4% crecimiento económico de Perú para este año

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para acelerar la inversión pública en los últimos meses del año, el menor desempeño de la actividad minera y pesca impactarán en el crecimiento de la economía peruana para el 2019.

Así lo refiere el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta un avance del PBI de Perú de solo 2,4% para este año. La cifra es inferior al 2,6% que el organismo multilateral proyectó en octubre pasado.

Ante este panorama, el FMI recomendó que “puesto que se espera que persista la brecha del producto negativa, las presiones inflacionarias deberían permanecer moderadas”, indicó en su informe Perú: Declaración al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2019, publicado este martes.

Para el 2020, el Fondo proyecta un crecimiento de solo 3,25%. La cifra también es inferior a lo que proyecto hace dos meses, cuando sostuvo que el PBI para el próximo año sería de 3,6%.

Recomendaciones

“Para reavivar el crecimiento en un entorno de creciente incertidumbre, se necesita un conjunto de políticas de amplio espectro que profundicen la resiliencia de Perú ante los shocks, incrementen la productividad y mejoren la protección social. La actual desaceleración de la actividad y la exacerbación de la incertidumbre justificarían un estímulo fiscal y monetario. Una infraestructura financiera más fuerte apuntalaría la capacidad del sistema de absorber una gama más amplia de shocks externos. Las reformas estructurales reforzarían la competitividad y la productividad, y harían al crecimiento más inclusivo”, refiere el FMI.

Política fiscal

1. Mejorar gestión de inversión: Si bien la política está orientada a llevar el déficit fiscal por debajo del límite superior del 1% del PIB para 2021, la subejecución presupuestaria ha conducido a una posición fiscal más ajustada que la que exige la regla fiscal. Eso ha contribuido a desacelerar el crecimiento en medio de la creciente incertidumbre. En ese contexto, las medidas adoptadas por el gobierno para eliminar las limitaciones de financiamiento y de capacidad que enfrentan los gobiernos locales y regionales deberían ser suficientes para acelerar la ejecución del gasto de capital, pero será necesario supervisar de cerca el proceso y tomar medidas complementarias para garantizar su éxito. A mediano plazo, es necesario también hacer esfuerzos considerables para mejorar la calidad de la gestión de la inversión pública, desde la formulación de proyectos hasta su evaluación y selección.

2. Si se los ejecuta plenamente, planes deseables para estimular la inversión pública pueden exigir medidas adicionales a fin de mantenerse debajo del límite superior del déficit. Mejorar la calidad de la infraestructura es un componente clave de la estrategia del gobierno para hacer más competitiva la economía. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad identifica importantes déficits de infraestructura, que se zanjarían en cierta medida con los proyectos prioritarios —que ascienden al 13% del PIB— por ejecutarse en la próxima década. Para ser congruente con la regla fiscal, esta iniciativa requerirá mejoras en materia de administración del ingreso, un mejor desempeño de las empresas públicas y una reducción del gasto corriente, pero las proyecciones de estos indicadores parecen sujetas a riesgos significativos.

3. Elevar recaudación. A pesar de los importantes esfuerzos realizados por las autoridades para movilizar el ingreso, el coeficiente de ingreso tributario de Perú sigue siendo comparativamente bajo, con un avance modesto en los últimos 20 años. Sin embargo, de no elevarse la recaudación, Perú no podrá atender prioridades en varias áreas, entre ellas la de infraestructura y la red de seguridad social. En ese contexto, es fundamental seguir haciendo mejoras en la administración de ingresos fiscales, lo que exige mantener la capacidad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para abocarse a su actividad principal y atraer personal de primer nivel. Las medidas adoptadas en los últimos años para reducir el incumplimiento tributario, como la instauración de la facturación electrónica y la adhesión a mejores prácticas en tributación internacional, deberían comenzar a dar frutos. La intención de las autoridades de simplificar los regímenes fiscales para las pequeñas empresas también debería reducir las brechas tributarias y mejorar el cumplimiento.

4. Posición fiscal procíclica y para generar espacio para el gasto en infraestructura, las autoridades también pueden considerar hacer el marco fiscal más flexible. Si bien las revisiones frecuentes pueden debilitar la integridad del sistema basado en reglas, el bajo nivel de deuda y el robusto marco fiscal limitarían los riesgos asociados con un alza moderada del límite superior del déficit. La erosión de los amortiguadores fiscales sería mínima, y las reglas del gasto en vigencia seguirían limitando el gasto corriente aun con un límite más alto, lo que reduciría los riesgos de reputación.

Políticas monetaria y cambiaria

1. Los recientes mensajes del Banco Central (BCR) sobre la orientación de la política monetaria —indicando que la última reducción de la tasa de política no necesariamente implica que le sigan nuevas reducciones— sirven para aclarar que la política dependerá de la información que se vaya materializando. En ese sentido, puede ser necesario seguir relajando la política si se materializan los riesgos a la baja de las perspectivas de inflación. No obstante, puesto que la tasa de interés real está cerca de cero, la posición monetaria es claramente expansiva, y las autoridades deben mantenerse alertas a la aparición de vulnerabilidades en el sector financiero.

9. A medida que se reduce la dolarización, el Banco Central podría permitir una mayor flexibilidad cambiaria para absorber shocks externos y promover el desarrollo financiero. De hecho, el uso de intervención cambiaria, que refleja en gran medida la preocupación de las autoridades por la dolarización de los pasivos y su impacto en la estabilidad financiera, ha ido declinando con el tiempo. Actualmente, la dolarización de los préstamos es del 39% en el caso de las empresas y del 10% entre los hogares, de modo que hay menor riesgo en una mayor flexibilización cambiaria. Limitar la intervención del Banco Central a casos de condiciones de mercado desordenadas podría ayudar a reducir la dolarización aún más, alentar el uso de instrumentos de cobertura y fortalecer el canal de interés de la política monetaria.

Política del sector financiero

10. Reforzar la SBS: Si bien la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) ha ejecutado medidas para limitar el riesgo sistémico, mejorar su gobernanza y sus marcos de control, es necesario dar nuevos pasos para reforzar la protección jurídica de los supervisores, incluir en el mandato de la SBS el ejercicio de la supervisión consolidada, e incrementar la eficacia del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). También será importante adecuar algunas normativas a Basilea III, entre ellas las relacionadas con la ponderación del riesgo para los préstamos en moneda extranjera, lo que ayudaría seguir reduciendo la dolarización.

Reformas estructurales

1. Plan Nacional de Competitividad. Abarca un amplio espectro de reformas que podrían exigir un enfoque específico con plazos claros. Las reformas jurídicas y del mercado de productos asegurarían los máximos beneficios para el crecimiento al tiempo que gozarían de suficiente respaldo popular. Las autoridades ya han hecho avances considerables en materia de transparencia y gobernanza del sector público. Esos esfuerzos deben complementarse con reformas anticorrupción; por ejemplo, simplificar y hacer más transparente y competitivo el sistema de adquisición pública; reformar el Sistema Nacional de Control para gestionar mejor los riesgos e incrementar la rendición de cuentas; e introducir auditores internos independientes en algunas entidades, y fortalecer al mismo tiempo las auditorías externas. Además, será importante alentar la diversificación económica, para lo cual parece crucial ampliar la ley de promoción agrícola.

2. Protección social para que el crecimiento sea más inclusivo y sustentable. Perú ha hecho avances significativos en la reducción de la pobreza desde el cambio de siglo. Sin embargo, es necesario tomar medidas para atender necesidades críticas, por ejemplo, reformando el sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad y mejorar su cobertura, distribuyendo el ingreso proveniente de los recursos naturales de forma más equitativa entre todas las regiones y profundizando el desarrollo y la inclusión financieros, lo cual ha sido señalado como prioritario por las autoridades en el Plan Nacional de Competitividad. Esas medidas deben acompañarse de reformas que reduzcan las rigideces del mercado laboral y otros costos que impiden a los trabajadores y a las empresas pasar del sector informal al formal.