La informalidad no es un problema de leyes

Humberto Campodónico
14 Aug. 2019 | 05:18h

De acuerdo a las Cuentas Nacionales del INEI, el sector formal produce el 82% del PBI y el sector informal el 18% restante. En materia de empleo, las proporciones cambian: el sector informal tiene el 52% mientras que el sector formal el 48%.

Una de las tareas centrales es, entonces, combatir la informalidad. Para amplios sectores de la derecha, el problema serían los llamados “sobrecostos laborales” : CTS, vacaciones, CTS, gratificaciones), a lo que se añade el impuesto a la renta y otras cargas. Por eso, el empresario preferiría la informalidad.

No es lo que dice el Foro Económico Global (WEF, en inglés), que mide una serie de variables económicas para 138 países (1). La variable laboral es el Pilar 7. Y allí el primer lugar en la Región, en el 2017, lo tiene Chile con un puntaje de 4.42, seguido por Perú, que tiene 4.27 (ver gráfico). Ambos están por encima de la mediana mundial, que es 4.10.

Esta medición, que se hace con el objetivo de evaluar la competitividad entre países tiene algunos aspectos metodológicos cuestionables, pero no los vamos a discutir aquí. Agreguemos que el Perú viene “mejorando” en el Pilar 7 desde hace varios años.

Además de otorgar un puntaje, el Pilar 7 “rankea” a los 138 países. Encabezan el pelotón de la Región, Chile (#52) y Perú (#64). Después vienen Colombia (#81), México (# 105), Brasil (#117) y Argentina (#130).

El Pilar 7 del índice del WEF tiene estos indicadores: flexibilidad de determinación de salarios (somos el #20), costos de despido (en semanas, #42), capacidad del país para atraer talento y para retener talento (#51), confianza en la gestión profesional (#62), participación femenina en la fuerza laboral (#68), cooperación entre empleadores y trabajadores (#89), paga y productividad (#90), efecto de la tributación sobre incentivos al trabajo (#108) y prácticas de contratación y despido (#129).

Estamos “súper bien” en la flexibilidad salarial (claro, con la cantidad de contratos temporales de 3 a 6 meses que hay) y en los costos de despido, no así en la práctica de contratación y despido. Aquí el empresariado afirma que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 sería la causa del aumento de los contratos temporales, ya que permite la reposición del trabajador despedido, mientras que ellos proponen solo pagarle una indemnización y que quede fuera de la empresa.

No. La proliferación de contratos temporales comenzó mucho antes (2). Y la ministra de Trabajo acaba de decir: “en los diálogos sostenidos con el Poder Judicial pedimos información de cuál era la densidad de las demandas laborales en mérito de pedidos de reposición de los trabajadores. Y del universo, representan apenas el 2% de la carga que asumen nuestros magistrados” (“MTPE: eliminar reposición por despido arbitrario no impactará en la productividad”, Semana Económica, 15/07/2019).

Para terminar: la informalidad no es un problema de “leyes”. Se puede “flexibilizar” más aún el régimen laboral y subir en el ránking del WEF. Pero para acabar de verdad con la informalidad hay que cerrar la brecha de productividad entre el llamado sector “moderno” y el sector “tradicional”, lo que polariza la estructura productiva.

Carecemos de una amplia capa de medianas y pequeñas empresas con productividades similares a las de las grandes empresas. Esa telaraña generaría una gama de encadenamientos de arriba abajo y viceversa. O sea, hay que prender otros motores de crecimiento. Ni más ni menos.

1) Https://www.Weforum.Org/reports/the-global-competitveness-report-2018

2) Ver www.Cristaldemira.Com, 26/07/2019