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Lo que se lleva Tía María

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Un proyecto aprobado por la autoridad competente, que no utilizaría agua del río Tambo y con un proceso productivo que no pone en riesgo el medio ambiente del área de influencia. Que dejaría decenas de millones de soles anuales en canon para la provincia de Islay y los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia, entre otros.
 
Cuenta con el aval (político y legal) del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio del Ambiente, para no hablar del Ministerio del Interior. No por casualidad estos cuatro integraban la comisión de diálogo del gobierno nacional.
 
En una zona importante para el cobre peruano. “A mitad de camino” entre dos gigantes como Cerro Verde y SPCC, que juntos alcanzan el 40% de la producción nacional de cobre.
 
Habrá que cambiar los procesos actuales, que no están funcionando. Resulta natural adelantar los beneficios del canon minero para que los distritos no esperen varios años hasta que las utilidades aporten los impuestos. Es decir, el Estado puede adelantar las obras contra canon futuro, en un convenio con los distritos receptores del mismo, siempre que asegure la inversión minera. 
 
La inversión minera alcanzó sus máximos históricos en 2013, cuando llegó a ser casi 23% del total de la inversión privada anual. La inversión minera tendría niveles relativamente altos solo hasta 2017. A este ritmo, en 2018 apenas sería de US$ 1,000 millones, pasando a ser solo 2.5% de la inversión privada esperada en ese año.
 
Codelco, el gigante chileno del cobre, ha anunciado esta semana un plan de inversiones de US$ 25,000 millones en los próximos cinco años.
 
No existe ninguna inversión, ni siquiera el gasoducto del sur, que pueda cambiar el panorama de la provincia en los próximos 20 años en términos de infraestructura productiva, educación y salud y potencial agroindustrial. El valle del Tambo perdió. No hay ganadores.