Gobierno daría luz verde a Tía María pese a resistencias

La Republica

Larga espera. Southern levantó todas las observaciones para obtener su licencia de construcción. Sin embargo, en el valle de Tambo (Arequipa), aún se oyen voces de rechazo al proyecto.

El Gobierno no tiene otro camino que otorgarle la licencia de construcción a Tía María, el último requisito para iniciar este proyecto minero que prevé la explotación de dos minas de cobre en la árida costa de Arequipa. Esa luz verde no solo inyectará US$ 1.400 millones a la economía peruana, también puede reactivar un viejo conflicto social en el valle de Tambo, provincia de Islay, que en los años 2011 y 2015, provocó cinco muertes y millones de pérdidas económicas.

La coyuntura tiene el condimento del rumor. El miércoles por la mañana, las redacciones arequipeñas eran inundadas con versiones de un cierre del Congreso y la autorización para Tía María. Con las horas, la primera versión se desvaneció y, la segunda, ha cobrado cierta veracidad después de lo dicho por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, en Arequipa. El viernes pasado, este alto funcionario señaló que el proyecto cumple un trámite legal para recibir una autorización “y ahí aplicaremos la ley”.

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Este diario supo que la licencia de construcción está en la Dirección General de Minería. La compañía del grupo México, ante esta dependencia, levantó 14 observaciones, incluso las más enojosas: una superposición de derechos en el área para el campamento. La empresa Vania reclamaba ese territorio. La controversia ya está resuelta. No hay ningún impedimento para negar la autorización.

Si no se efectúa hasta agosto, el proyecto quedaría inhabilitado por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, señaló que en Tía María se ha invertido $ 334 millones en maquinaria y proyectos de relacionamiento social. Se sostiene con la caja de las unidades de Toquepala, Ilo y Cuajone. Obtenido el permiso, el plan inmediato no es iniciar la construcción de la mina. Se continuará profundizando las relaciones con los distritos del valle de Tambo ubicados en el área de influencia del proyecto. "Seguiremos trabajando en lo social con la certeza de que tenemos el permiso"

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Los dirigentes Marilú Marroquín, Jesús Cornejo, el consejero regional Elmer Pinto, mantienen una postura de rechazo, pese a los programas sociales que implementó la compañía con Valle Unido. "La mina está reeemplazando la tarea del Estado y eso no debe ser así", dijo Marroquín.

El proyecto minero está a menos de tres kilómetros de los cultivos, los agricultores temen la contaminación. Jacob reitera que la operación será limpia sin relaves ni humos. Para garantizar la transparencia pidió a la población sumarse al monitoreo participativo que hará OEFA.

Después de las protestas de 2015, el gobierno tenía la obligación de mejorar las condiciones de vida de Islay cuya población alcanza los 50 mil. La tarea aún es deficitaria. Agua para la agricultura, saneamiento y salud son sus principales problemas.

Continúa pendiente la construcción de una represa que pondría fin a sequías y disputas con Moquegua por el agua para los sembríos. Paltuture era un proyecto de embalse encaminado pero las autoridades de Puno lo paralizaron con acciones judiciales señalando que la obra se ejecutaría "en su territorio y con sus aguas". Los alcaldes de Islay, en un reciente memorial, elevado al presidente Vizcarra le advierten que no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico.

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Licencia social

En el 2017, Southern inauguró Valle Unido para curar las heridas del conflicto y plantear una nueva relación con Tambo. Este programa financió con S/ 3 millones los estudios para hospital nuevo en Alto Inclán y otro en Cocachacra.

Paralelamente, en los centros de salud, repartidos en el valle, la minera paga los sueldos del 35% del personal médico.

El agua potable y alcantarillado también es crítico. Solo disponen de 13 horas al día y en verano es peor. Los desagües se arrojan al aire libre sin tratamiento. Con un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, Southern desembolsó S/ 21 millones para un estudio destinado a mejorar y ampliar el servicio. Debe concluirlo en los próximos días y la obra costará S/ 900 millones. Pese a estos avances, la desconfianza aún es visible. Semanas atrás La República viajó al valle. Persisten las banderas con la consigna Agro sí Mina no. En estos días, pobladores ya realizan movilizaciones. Sin embargo, no hay liderazgos. Las cabezas visibles cumplen reglas de conducta por juicios Pero Marilú Marroquín dice la población se autoconvocará.

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Las cifras

US$ 25 millones invirtió Southern en el relacionamiento social con el valle de Tambo.

9.000 puestos de trabajo generará el proyecto durante su construcción. Luego serán 4.800 durante su operación.

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